Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, ha decidido plantar cara seriamente a los propietarios que se anuncian sin licencia en Airbnb (u otra plataforma similar) y ha iniciado una verdadera caza de arrendadores con penas de multa que, según varios medios, pueden llegar hasta los 90.000 euros.
La política catalana de Podemos está interesada en acabar con este tipo de economía colaborativa desregularizada, para satisfacción del sector hostelero de la ciudad. Aunque otros piensan que la verdadera razón de esta vigilancia está en reducir un poco el turismo de la urbe, que se encuentra desbordada de turistas. La tercera explicación reúne a las dos anteriores y suma el interés evidente en recaudar algo en impuestos de estos alquileres.
Según dice un arrendador de Airbnb de Barcelona en una entrevista en ‘libremercado.com’, el Ayuntamiento de Barcelona estaría detectando los pisos irregulares gracias a dos tipos de inspectores. Por un lado estarían los ‘visualizadores’, que llamarían a las puertas haciéndose pasar por encuestadores y verían si la persona que les abre concuerda con la vivienda (si es extranjero o le confirma que está ahí por Airbnb). Estos vigilantes darían el chivatazo a los inspectores reales del Ayuntamiento que podrían abrir expediente sancionador contra el arrendador. Un procedimiento que parece de otras épocas y que aún no ha sido desmentido por el Ayuntamiento barcelonés.
Pisos cerrados y miles sin regular
Pese al esfuerzo que está poniendo Ada Colau en regularizar las viviendas anunciadas -con cierre de 256 inmuebles y una carta de petición a la ciudadanía- , parece una misión difícil. Según El Mundo, el Ayuntamiento de la ciudad condal ha otorgado unas 10.000 licencias, pero los anuncios de Airbnb en estas fechas rondan los 20.000, por lo que habría unos 10.000 arrendadores en contra de la regulación.
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