Neelie Kroes, Comisaria Europea de Agenda Digital, ha realizado unas declaraciones con respecto a la tasa que el Gobierno de Zapatero ha impuesto a los operadores españoles de telefonía móvil destinada a la financiación de RTVE en las que aseguraba que «a la Comisión le preocupa que el nuevo gravamen sobre los operadores de telecomunicaciones pueda ser incompatible con las normas de la UE. Esta aportación parece afectarles indebidamente, puede limitar sus inversiones en nuevas redes y servicios avanzados y penalizar en definitiva a sus clientes».
En este sentido, la Comisión Europea ha publicado una nota en la que afirma que "ha decidido enviar a España una solicitud oficial de información acerca de una nueva aportación a cargo de los operadores de telecomunicaciones para compensar la supresión de la publicidad de pago en RTVE (Radiotelevisión Española). A la Comisión le preocupa que esta tasa administrativa, basada en los ingresos facturados por los operadores autorizados, pueda ser incompatible con el Derecho de la UE, porque no parece estar relacionada con los costes derivados de la supervisión reglamentaria.
La Comisión formula su postura en forma de escrito de requerimiento con arreglo al procedimientos de infracción de la UE (artículo 258 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea). España dispone de dos meses para contestar. La Comisión también ha archivado un asunto de infracción en materia de financiación del servicio universal después de que España modificara su ordenamiento jurídico nacional y pusiera en marcha una licitación y una consulta pública sobre un nuevo procedimiento para designar a los proveedores del servicio universal".
Tasa sobre los operadores de telecomunicaciones
En septiembre de 2009 entró en vigor una nueva Ley de de financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española, que impone una tasa del 0,9 % de los ingresos brutos facturados por los operadores de telecomunicaciones que figuren inscritos en el Registro de Operadores de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones para compensar la pérdida de ingresos de publicidad en los canales de la televisión pública. Un número limitado de operadores ha quedado eximido de pagar esta tasa por motivo de su ámbito geográfico y del tipo de servicios de telecomunicaciones prestados.
Según las normas sobre telecomunicaciones de la UE, las tasas cobradas a los operadores de telecomunicaciones solo pueden sufragar determinados costes administrativos y de reglamentación (principalmente las autorizaciones y las tareas de regulación) y deben ser objetivas, transparentes y proporcionadas. También se debe consultar oportunamente a las partes interesadas. A la Comisión le preocupa el hecho de que la nueva tasa podría incumplir estas condiciones.
La legislación española sobre la financiación de RTVE y, en especial, la aportación a cargo de los operadores de telecomunicaciones no parecen ajustarse a estas disposiciones y ya en enero de 2010 se incoó contra Francia,país inspirador de España, un asunto similar relacionado con las tasas administrativas.
En diciembre de 2009, la Comisión puso en marcha un procedimiento oficial de investigación de ayudas estatales sobre el nuevo sistema de financiación de RTVE y ya expresó en su momento sus dudas sobre la compatibilidad de las nuevas tasas con las normas de la UE y, en especial, con la Directiva de la autorización. El procedimiento incoado no obsta a la investigación de la ayuda estatal.
A falta de respuesta, o si las observaciones presentadas por las autoridades españolas no son satisfactorias, la Comisión puede emitir un dictamen motivado con arreglo a los procedimientos de infracción de la UE, en el que se inste a España a modificar su legislación para garantizar el pleno cumplimiento de las normas de la UE.
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