El BOE ha publicado el Real Decreto-ley que obliga a que los servidores de las Administraciones y entidades públicas y los datos sensibles estén alojados en la Unión Europea. El Gobierno, a través del Ministerio de Economía, ha tomado esta medida tras “los recientes y graves acontecimientos acaecidos en parte del territorio español ”.
El Real Decreto-Ley fue aprobado el pasado viernes por el Gobierno en funciones para prohibir que las administraciones públicas tengan servidores fuera de la Unión Europea. Su objetivo es poner fin al proyecto de república digital de la Generalitat de Cataluña que permite al Ejecutivo, con carácter excepcional y transitorio, asumir la gestión directa o la intervención de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas en “determinados supuestos excepcionales que puedan afectar al orden público, la seguridad pública y la seguridad nacional”.
“No va a haber independencia offline ni online, el Estado va a ser igual de contundente en el mundo digital que lo es en el mundo real”, defendió el presidente en funciones Pedro Sánchez, el pasado viernes. Con este decreto, se busca evitar el robo de datos personales, el hackeo de dispositivos móviles, los ciberataques contra las infraestructuras críticas o el uso indebido del censo, así como los datos fiscales de los ciudadanos.
Convertir el DNI en “el único documento con suficiente valor por sí solo para la acreditación”
Asimismo, también pretende defenderse eficazmente frente a ataques informáticos contra los procesos electores o luchar contra las actividades de desinformación, como las conocidas fake news (noticias falsas).
Modificación de cinco leyes
El texto ha modificado cinco leyes, entre las que se encuentran la de telecomunicaciones y la de seguridad ciudadana, refiriéndose así a “los recientes y graves acontecimientos acaecidos en parte del territorio español”. En cuanto a la Generalitat ha calificado este decreto de “155 digital”, haciendo alusión al artículo de la Constitución que permite al Gobierno intervenir una comunidad autónoma.
Defenderse eficazmente frente a ataques informáticos contra los procesos electores o luchar contra las actividades de desinformación
De este modo, la normativa señala que el Ministerio de Economía puede ordenar “sin audiencia previa” al interesado el cese de la actividad de las redes de comunicación “cuando exista una amenaza inmediata y grave para el orden público, la seguridad pública o la seguridad nacional”. También, cuando esta actividad perturbe el funcionamiento de servicios de seguridad pública, protección civil y emergencias, o cuando “cree graves problemas económicos u operativos a otros proveedores o usuarios de redes o servicios de comunicaciones”.
No afecta a los medios de comunicación ni contenidos audiovisuales
Este cambio no afectará ni a los medios de comunicación ni a los contenidos audiovisuales enviados a través de las redes y servicios de comunicaciones, que están expresamente excluidos del ámbito de la Ley de Telecomunicaciones.
Por consiguiente, tampoco se permite el cierre gubernativo de servicios como Facebook o Telegram, puesto que en este caso, operan por encima de las redes y por normativa europea no se pueden intervenir.
Tampoco se permite el cierre gubernativo de servicios como Facebook o Telegram.
Respecto a los sistemas de comunicación por Internet han sido cruciales para la plataforma, Tsunami Democràtic, que controla las protestas independentistas en Cataluña contra la sentencia del procés. Para clausurar webs como la de Tsunami Democráctic será necesaria la intervención de un juez.
DNI: único documento para acreditar los datos personales
Otra de las medidas añadidas es convertir el documento nacional de identidad (DNI) en “el único documento con suficiente valor por sí solo para la acreditación, a todos los efectos de la identidad y los datos personales de su titular”. Con ello, se pretende evitar que las autoridades catalanas puedan expedir algún tipo de cédula que permita identificar a los ciudadanos de esa comunidad.
Por último, el Estado refuerza su control sobre los procedimientos de firma electrónica de otras Administraciones, que deberán someterse a un régimen de autorización previa del Gobierno con el fin de “garantizar la seguridad pública”, competencia exclusiva del Estado. Además, veta que las Administraciones puedan implantar sistemas de identificación basados en “tecnologías de registro distribuido”, como el blockchain.
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