El máximo directivo de Orange se expone ahora a perder su puesto en la compañía para lo cual se ha convocado una reunión de la junta directiva con el objetivo de decidir si Richard conserva o no su cargo en la teleco, una posición que ostenta desde 2010 y que compagina además con la de presidente de la GSMA.
Su mandato en Orange estaba previsto que finalizara a mediados de 2022 y ya había adelantado sus planes de no presentarse a la reelección como CEO, pero que sí mantendría su cargo como presidente, pero ahora el directivo ha apuntado en un comunicado que deja en manos del Consejo de Administración la decisión de si mantendrá su cargo hasta entonces o si se procede a la sustitución
En el texto, el directivo francés asegura que apelará el veredicto del tribunal señalando que es “profundamente injusto” y que en el primer juicio había sido absuelto.
Está previsto que la reunión de la Junta directiva se celebra a lo largo de esta tarde y se espera que Richard abandone su cargo en los próximos días ya que el mandatario siempre ha negado su implicación en el caso, a pesar de que ahora ha sido condenado por ello.
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La continuidad de Richard en entredicho
Ante esta situación, dos fuentes cercanas a la decisión consultadas por la agencia Reuters aseguran que es “difícil” que el directivo continúe en el cargo. Asimismo, el Gobierno francés, principal accionista de la teleco con un 22,95% de las acciones (a través de la Agencia de Participaciones del Estado y de BpiFrance) tendrá que pronunciarse al respecto y es que ya el ministro de Finanzas, Bruno Le Maire, ha reiterado en repetidas ocasiones que los directivos de empresas participadas por el Estado deben abandonar su cargo en caso de que sean condenados por un delito.
Pese a ello, habrá que esperar de momento a que la Junta Directiva y el Consejo de Administración tomen una decisión al respecto para conocer la continuidad o salida del CEO de Orange.
El caso de malversación
El caso de malversación por el que se condena a Richard se remonta a 2008, cuando el Gobierno galo concedió unas ayudas de 400 millones de euros al magnate Bernard Tapie, fallecido hace unas semanas.
En aquel momento, Richard era jefe de gabinete de la ministra de Finanzas de la época, Christine Legarde, actual presidenta del Banco Central Europea. En este sentido, se acusa a Richard de haber intervenido para que Tapie recibiera una indemnización mayor de las arcas públicas tras la venta de Adidas, que era parte de su conglomerado de empresas y que había sido confiscado.
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