El Gobierno abre a consulta pública la nueva normativa europea sobre la futura Ley Europea de Chips 2.0, que busca reducir la dependencia exterior y fortalecer la cadena de valor de los semiconductores.
El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha lanzado la consulta pública sobre la propuesta presentada por la Comisión Europea, una iniciativa que pretende consolidar la capacidad industrial del continente en el ámbito de los semiconductores, reducir la dependencia de terceros países y fortalecer la resiliencia de una cadena de suministro considerada estratégica para el desarrollo de la inteligencia artificial, la computación avanzada, las telecomunicaciones o la automoción.
La nueva normativa forma parte del Paquete de Soberanía Digital de la Unión Europea, presentado el pasado 3 de junio, y supone la evolución de la primera Ley Europea de Chips aprobada en 2023. Aunque la evaluación realizada por Bruselas considera positivo el balance de esa primera fase, también identifica importantes carencias que justifican una segunda versión de la regulación. Entre ellas destacan la elevada dependencia europea de terceros países en el diseño y fabricación de semiconductores y la limitada capacidad de respuesta ante posibles crisis de suministro.
La propuesta introduce un cambio de enfoque respecto a la legislación original, ya que mientras la primera Chips Act se centró principalmente en estimular la oferta y atraer inversiones industriales, la futura Ley Europea de Chips 2.0 incorpora medidas destinadas también a incrementar la demanda de semiconductores dentro del mercado europeo y a reforzar la posición estratégica de la Unión en toda la cadena de valor del sector.
Asimismo, el texto plantea actuaciones dirigidas a impulsar la producción y la industrialización, fortalecer la investigación y la innovación, garantizar la seguridad del suministro y mejorar la resiliencia del ecosistema europeo de los semiconductores. El objetivo consiste en construir una industria más competitiva y menos vulnerable a las tensiones geopolíticas y comerciales que han condicionado el acceso a componentes críticos durante los últimos años.
En este sentido, la Comisión Europea considera que el desarrollo de capacidades propias en este ámbito resulta esencial para sostener el crecimiento de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, la computación cuántica o las infraestructuras digitales de próxima generación, sectores que requieren un suministro estable de chips avanzados.
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