La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha analizado el proyecto de Real Decreto destinado a reforzar la seguridad y resiliencia de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas en España.
La norma, impulsada por la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales (SETID), pretende garantizar que las telecomunicaciones continúen funcionando incluso en situaciones críticas como desastres naturales, ciberataques o grandes interrupciones del suministro eléctrico.
El organismo regulador considera que la iniciativa supone un avance relevante para fortalecer la continuidad de los servicios de telecomunicaciones, aunque también plantea diversas recomendaciones para mejorar su coherencia con el marco normativo europeo y evitar duplicidades regulatorias.
Un marco para proteger las redes en situaciones críticas
El proyecto normativo introduce nuevas obligaciones para operadores de telecomunicaciones, proveedores de infraestructuras digitales y centros de recepción de llamadas de emergencia. El objetivo consiste en mejorar la capacidad del sistema para prevenir incidentes, responder con rapidez y garantizar la continuidad de servicios esenciales.
La norma contempla la aplicación de requisitos de seguridad a redes y servicios de comunicaciones electrónicas, así como a infraestructuras críticas que sustentan el ecosistema digital, entre ellas centros de datos, cables submarinos o puntos de intercambio de Internet.
Asimismo, el texto plantea la obligación de elaborar planes de gestión de riesgos y contingencia que permitan anticipar posibles interrupciones del servicio. Los operadores deberán identificar vulnerabilidades, diseñar protocolos de actuación y establecer mecanismos de notificación rápida cuando se produzcan incidentes relevantes. La iniciativa parte de la premisa de que las telecomunicaciones constituyen un servicio esencial para el funcionamiento de la sociedad digital, especialmente en contextos de crisis.
La propuesta normativa se enmarca en el contexto de varios incidentes recientes que han puesto a prueba la capacidad de resiliencia de las redes de comunicaciones. Entre ellos destaca la DANA que afectó a diversas regiones de España en octubre de 2024, así como el apagón eléctrico que se produjo el 28 de abril de 2025 en la Península Ibérica. Ambos episodios provocaron interrupciones significativas en servicios de telecomunicaciones y evidenciaron la necesidad de reforzar los mecanismos de continuidad operativa.
En este sentido, el nuevo marco normativo plantea medidas orientadas a garantizar que las redes continúen funcionando incluso en escenarios extremos. Entre las propuestas se incluye la exigencia de que determinadas infraestructuras dispongan de autonomía energética suficiente para mantener la operativa durante varias horas en caso de apagón. Además, se prevé la creación de protocolos para priorizar determinados tipos de tráfico, especialmente el vinculado a servicios de emergencia como el 112.
En este sentido, la CNMC considera que estas medidas resultan necesarias para reforzar la robustez del sistema de telecomunicaciones en situaciones de crisis.
Recomendaciones para mejorar el diseño de la norma
A pesar de valorar positivamente el objetivo general de la regulación, la CNMC recomienda introducir algunos ajustes en el proyecto de Real Decreto para mejorar su aplicación. Uno de los principales aspectos señalados por el organismo regulador es la necesidad de evitar solapamientos con otras normas europeas y nacionales relacionadas con la ciberseguridad y la protección de infraestructuras críticas.
En particular, la CNMC subraya la importancia de coordinar este nuevo marco con la futura transposición de la Directiva NIS2 y con la Directiva CER, que regulan la resiliencia de entidades críticas dentro de la Unión Europea. El organismo también plantea revisar algunos elementos concretos del texto normativo, como los umbrales de operadores obligados a cumplir determinadas medidas o el alcance de las obligaciones aplicables a ciertas infraestructuras digitales.
Además, la CNMC advierte de que algunos requisitos previstos podrían duplicar obligaciones ya existentes en otros marcos regulatorios, lo que generaría cargas administrativas adicionales para los operadores.
Otro de los puntos analizados por la CNMC se refiere a las exigencias técnicas relacionadas con la autonomía energética de las redes. El organismo propone que la implantación de estas medidas se realice de forma progresiva y que se prioricen soluciones tecnológicas económicamente eficientes. Entre las alternativas señaladas se encuentran el uso de itinerancia entre redes para mantener la conectividad en situaciones críticas o el desarrollo de soluciones basadas en conectividad satelital como respaldo a medio y largo plazo.
Asimismo, la CNMC sugiere prestar especial atención a la mejora de la autonomía energética en zonas rurales, donde las infraestructuras de telecomunicaciones pueden resultar más vulnerables ante interrupciones prolongadas del suministro eléctrico.
El regulador también recomienda revisar aspectos relacionados con el sistema de notificación de incidentes, el régimen sancionador previsto en la norma y el calendario de entrada en vigor de las nuevas obligaciones.
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