El Consejo Constitucional francés ha anulado la ley aprobada por el Parlamento a finales de julio que buscaba impedir el acceso de los menores de 15 años a las redes sociales al considerar que establece una restricción desproporcionada sobre derechos fundamentales y carece de garantías suficientes en materia de privacidad.
La decisión supone un revés para Emmanuel Macron, uno de los principales impulsores de una medida que debía comenzar a aplicarse con el nuevo curso escolar. Sin embargo, el presidente francés ya ha encargado al primer ministro, Sébastien Lecornu, una nueva redacción que respete tanto el fallo constitucional como el marco regulatorio europeo.
La prohibición “no es apropiada, necesaria ni proporcional al objetivo perseguido”
El Consejo Constitucional reconoce que la protección del interés superior del menor constituye una exigencia constitucional, pero considera que el mecanismo elegido para conseguirlo es excesivo. Según la resolución, la prohibición “no es apropiada, necesaria ni proporcional al objetivo perseguido”.
El tribunal señala, además, que el veto podría alcanzar servicios de comunicación online sobre los que no se han acreditado riesgos para la salud o la seguridad de los menores. “Estas disposiciones, que privan a los menores de la libertad de acceder a determinados servicios públicos de comunicación en línea, infringen la libertad de expresión y de comunicación”, recoge el fallo.
La legislación aprobada en julio contemplaba que los menores de 15 años no pudieran abrir nuevas cuentas desde septiembre, mientras que el bloqueo de los perfiles ya existentes se habría aplicado a partir de enero. Entre las plataformas afectadas se encontraban Instagram, WhatsApp, Facebook, TikTok, YouTube, X y Snapchat.
Asimismo, el Consejo Constitucional ha puesto el foco sobre uno de los principales problemas tecnológicos asociados a este tipo de medidas: la verificación de edad. La norma obligaba en la práctica a comprobar la edad de todos los usuarios, incluidos los adultos, pero no establecía qué sistema debían utilizar las plataformas. Para el órgano constitucional, exigir un documento que acreditase la edad sin establecer las correspondientes “garantías legales” planteaba problemas relacionados con la protección de los datos y la privacidad de los usuarios.
El choque con la regulación europea
La ley francesa ya había encontrado obstáculos antes de llegar al Consejo Constitucional. A comienzos de julio, la Comisión Europea advirtió que algunas de sus disposiciones podían entrar en conflicto con el Reglamento de Servicios Digitales (DSA), especialmente por las competencias que Francia pretendía atribuir a su regulador y por la creación de una lista de plataformas afectadas, lo que llevó al Gobierno a modificar entonces parte del texto.
El fallo vuelve a colocar así sobre la mesa la dificultad de establecer prohibiciones nacionales sobre servicios digitales que operan en toda la Unión Europea. Además, la Comisión trabaja en una armonización de las medidas relacionadas con la edad mínima y ya ha presentado una aplicación destinada a facilitar la comprobación de edad online.
Macron, no obstante, pretende mantener la iniciativa y ha anunciado que Lecornu deberá preparar una “redacción jurídicamente sólida” con el objetivo de retomar la reforma antes de la primavera de 2027. Según el presidente francés, más de treinta Estados estudian actualmente restricciones similares.
Francia seguía así la senda abierta por Australia, que en diciembre de 2025 implantó una prohibición para menores de 16 años. Sin embargo, el fallo francés evidencia que trasladar este modelo a Europa, algo que también plantea el Ejecutivo de Pedro Sánchez, implica resolver no solo el debate sobre la protección de los menores, sino también cuestiones relacionadas con la privacidad, la verificación de edad, la libertad de expresión y el reparto de competencias entre los Estados y la Unión Europea.
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