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Febrero 2013    24 de mayo de 2022

administración pública

El 54% de la población española asegura que ha usado algún tipo de servicio digital de la administración pública. Además, solamente el 29% de ellos piensa que los servicios públicos digitales son de calidad. Por otro lado, el 35% piensa que los servicios digitales que ofrece la administración pública son bastante complicados, y alrededor de un 9% no sabe encontrar lo que necesita. Esta información pertenece a un estudio realizado por Censuwide, compañía especializada en ciberseguridad, para Salesforce.

El Gobierno ha adjudicado sin publicidad y utilizando el procedimiento de urgencia el Centro de Operaciones de Ciberseguridad (COCS) a una UTE formada por Telefónica e Indra, un contrato valorado en 46,4 millones de euros. Esto se suma a la transferencia previa de 13 millones firmada por el Gobierno en septiembre.

Tres de cada cuatro personas de entre 55 y 64 utilizan la Administración electrónica para llevar a cabo sus trámites. El 77% de los internautas emplean la identificación digital y seis de cada diez le dan una valoración de notable. La mayoría de la población cree que unificar el buzón de notificaciones de la Administración pública es una buena iniciativa.

La inversión en equipos para educación y las compras de ordenadores refuerzan las compras en hardware. Los principales adjudicatarios durante la primera mitad de 2021 han sido Telefónica, Indra y Seidor.

Según un estudio de Payment Innovation Hub y Afi, en colaboración con CaixaBank, Visa y Samsung, los ciudadanos se decantan por la forma online a la hora de pagar las tasas a la Administración Pública

A pesar de que España está relativamente bien equipada en términos de infraestructuras de pago y cobro digital, el uso de medios de pago digitales se encuentra muy por debajo de los países más avanzados de la Unión Europea. El aprovechamiento de las capacidades de las infraestructuras de pagos digitales impulsaría la economía española y supondría un impacto económico en términos de recaudación fiscal de entre 16.000 y 32.000 millones de euros anuales, según datos del informe ‘Digitalización de los medios de pago en España: desafíos y oportunidades 2021’.

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