Google acuerda con Texas el pago de 1.400 millones de dólares por el uso indebido de datos biométricos

Según ha avanzado el fiscal general Ken Paxton, la empresa pagará 1.375 millones de dólares para resolver dos demandas presentadas en 2022, que la acusaban de recolectar y utilizar información personal sin el consentimiento adecuado, incluyendo datos biométricos como huellas de voz y geometría facial.

El caso se centra en tres servicios concretos de Google: el historial de ubicaciones, el modo de navegación Incógnito y el uso de datos biométricos a través de plataformas como Google Photos, Google Assistant y el dispositivo Nest Hub Max. De acuerdo con la fiscalía texana, la compañía habría rastreado de forma encubierta los movimientos de los usuarios, así como sus búsquedas y características biométricas, incluso cuando los usuarios pensaban que habían desactivado estas funciones.

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Preocupaciones sobre privacidad digital y consentimiento

"Google rastreó en secreto los movimientos, búsquedas privadas, huellas vocales y datos faciales de los ciudadanos"

Las demandas, ahora resueltas mediante este acuerdo económico, sostenían que Google violó la legislación estatal de protección al consumidor al recopilar datos sensibles sin obtener la autorización explícita de los usuarios. En palabras del fiscal Paxton: “Durante años, Google rastreó en secreto los movimientos, búsquedas privadas, huellas vocales y datos faciales de los ciudadanos. En Texas, las grandes tecnológicas no están por encima de la ley”.

La respuesta de Google no incluye una admisión de responsabilidad. En un comunicado, el portavoz José Castañeda señala que el acuerdo pone fin a “reclamaciones antiguas” y destaca que muchas de las políticas objeto de la demanda “ya han sido modificadas desde hace tiempo”. Añade además que la empresa seguirá desarrollando herramientas de privacidad para sus servicios.

Uno de los puntos clave del acuerdo es que no requiere cambios adicionales en los productos de Google. Esta decisión ha sido cuestionada por algunos expertos, ya que, si bien el pago representa una sanción económica significativa, no impone nuevas restricciones o medidas para evitar que se repitan estas prácticas.