La medida, fechada el 28 de noviembre, concede 90 días para su implementación y establece que la aplicación no podrá desinstalarse, lo que anticipa un conflicto con varios fabricantes, especialmente con Apple, cuyas políticas internas prohíben este tipo de imposiciones.
La decisión llega en un contexto en el que India se ha convertido en uno de los mayores mercados de telefonía del mundo, con más de 1.200 millones de líneas activas, y donde el Gobierno busca frenar el auge del fraude digital, la duplicación de IMEIs y el tráfico de dispositivos robados. Según datos oficiales, Sanchar Saathi ha logrado recuperar más de 700.000 teléfonos perdidos, 50.000 de ellos solo en octubre, y ha contribuido a bloquear más de 3,7 millones de terminales vinculados a actividades ilícitas.
La obligación de preinstalación choca con las políticas de Apple
La nueva orden también afecta a los terminales que ya se encuentran en la cadena de suministro
El requisito de incluir la app en fábrica representa un desafío directo para Apple. La compañía californiana preinstala únicamente aplicaciones propias y prohíbe, por norma interna, integrar software gubernamental o de terceros antes de la venta del dispositivo. La nueva orden también afecta a los terminales que ya se encuentran en la cadena de suministro: en esos casos, los fabricantes deberán distribuir la aplicación mediante una actualización de software.
Fuentes del sector consultadas de forma anónima señalan su preocupación por la ausencia de diálogo previo con la industria antes de emitir la orden. En 2017, Apple ya mantuvo un conflicto con el regulador indio por una app estatal contra el spam, un precedente que hace prever tensiones similares. Por el momento, ni Apple ni los fabricantes asiáticos han hecho declaraciones públicas y el Ministerio de Telecomunicaciones mantiene silencio institucional.
La aplicación estatal ofrece funciones que, según el Gobierno de la India, resultan esenciales para reforzar la seguridad de la infraestructura nacional. Sanchar Saathi permite verificar IMEIs, bloquear dispositivos robados, denunciar llamadas sospechosas y consultar registros oficiales para detectar terminales falsificados o irregulares. Asimismo, la plataforma ha facilitado la desactivación de 30 millones de conexiones fraudulentas, una cifra que justifica, según las autoridades, el carácter obligatorio de su instalación.
El Gobierno argumenta que la app mejora la trazabilidad, dificulta el mercado negro de terminales y ayuda a las fuerzas policiales a recuperar dispositivos robados, al centralizar en un único sistema la gestión de incidencias y bloqueos. No obstante, la obligatoriedad de que la app no pueda desactivarse abre un debate sobre privacidad, interoperabilidad y control del dispositivo por parte del usuario.
El sector tecnológico se enfrenta ahora a tres meses de negociaciones técnicas y regulatorias para determinar cómo cumplir una orden que afecta a millones de unidades y que podría alterar procesos de fabricación, certificación y distribución.
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