La Comisaria europea de Interior, Ylva Johansson, fue una de las principales impulsoras de esta ley destinada a combatir el abuso sexual infantil. Sin embargo, la propuesta incluía disposiciones que permitirían el acceso a conversaciones privadas, lo que generó preocupaciones sobre la privacidad de los ciudadanos y sus derechos constitucionales.
El artículo 18 de la Constitución Española, que garantiza el secreto de las comunicaciones, se vio en conflicto con la propuesta. Además, organizaciones de la sociedad civil expresaron su inquietud por las enormes implicaciones en la privacidad que tendría esta medida.
Wojciech Wiewiórowski, Supervisor Europeo de Protección de Datos, advirtió que las medidas que permiten a las autoridades públicas tener acceso al contenido de las comunicaciones de manera generalizada afectan la esencia del derecho a la vida privada. Incluso si se utilizara una inteligencia artificial para buscar indicadores de abuso, el impacto negativo en la monitorización generalizada de las comunicaciones de texto y audio no podría justificarse bajo la Carta de Derechos Fundamentales de la UE.
La propuesta inicial argumentaba que las conversaciones se revisarían mediante algoritmos en busca de material de pornografía infantil, y que no serían seres humanos quienes accederían a las conversaciones. Sin embargo, la implementación de este algoritmo supondría un agujero de seguridad en el cifrado de extremo a extremo.
La posición unánime del Parlamento Europeo es que no se deben agregar puertas traseras en las aplicaciones de mensajería que permitan el acceso a las conversaciones, pero se debe tomar medidas para combatir el abuso sexual en línea.
La Comisión Europea ahora debe ajustar su propuesta para cumplir con la decisión del Parlamento Europeo. La presidencia del Consejo Europeo de España había manifestado su interés en llegar a un acuerdo sobre esta ley antes de finales de año, pero ahora se avecinan más negociaciones y medidas por definir.
El rechazo del 'Chat Control' es un revés para las posiciones previamente expresadas por algunos ministros de Interior, como Fernando Grande-Marlaska, quien abogaba por tener acceso y capacidad para analizar datos, independientemente de su volumen. Estas ideas han sido rechazadas en el Parlamento Europeo, lo que demuestra una firme defensa de la privacidad de los ciudadanos en la Unión Europea.
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