Google se encuentra cada vez más cerca de perder su última batalla judicial en la Unión Europea. La abogada general del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), Juliane Kokott, ha propuesto desestimar el recurso de casación interpuesto por la tecnológica estadounidense contra la multa de 4.125 millones de euros impuesta por la Comisión Europea en 2018 por abuso de posición dominante con su sistema operativo Android.
El dictamen de Kokott, publicado este jueves, respalda plenamente la sanción adoptada por Bruselas y confirma la validez del análisis realizado por el Tribunal General en primera instancia. Aunque sus conclusiones no son vinculantes, los jueces del TJUE las siguen en la mayoría de los casos, lo que anticipa un posible desenlace desfavorable para Google en esta larga disputa judicial.
“Los argumentos jurídicos de Google son inoperantes”
Kokott rechaza de plano los fundamentos del recurso de Google, al considerar que se trata, en su mayoría, de cuestiones fácticas ya evaluadas por el Tribunal General y, por tanto, no susceptibles de revisión en casación. En palabras de la abogada general, “la apreciación de los hechos y de las pruebas llevada a cabo por el Tribunal General no puede ser impugnada ante el Tribunal de Justicia”. Además, subraya que “los argumentos jurídicos invocados por Google son inoperantes”.
Este posicionamiento refuerza el criterio de que la conducta de Google violó las normas de competencia europeas, al imponer restricciones contractuales que obligaban a los fabricantes de móviles Android a preinstalar determinadas aplicaciones —como Google Search y Chrome— para poder acceder a su tienda de aplicaciones. Según la Comisión, estas prácticas reforzaban indebidamente la posición dominante de la compañía en el mercado de búsquedas en línea y navegadores.
El respaldo de la abogada general al análisis de la Comisión Europea y al fallo del Tribunal General implica una validación de la línea dura adoptada por Bruselas en la supervisión de grandes plataformas tecnológicas.
La multa, la más alta jamás impuesta por una autoridad europea en materia de competencia, fue inicialmente fijada en 4.343 millones de euros, pero el Tribunal General la redujo en 2022 un 5% tras eliminar uno de los tres elementos de la infracción. Aun así, la cuantía definitiva, 4.125 millones de euros, continúa siendo histórica.
La sentencia definitiva del TJUE se espera en los próximos meses. De confirmarse las conclusiones de Kokott, el caso sentará un precedente importante para el futuro de la regulación tecnológica en la Unión Europea.
Si (
No(
