El Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) ha rechazado los recursos presentados por el Gobierno de España y la empresa Cellnex Telecom contra la decisión de la Comisión Europea que exige recuperar más de 260 millones de euros en ayudas públicas destinadas al despliegue de la Televisión Digital Terrestre (TDT) entre 2005 y 2008 en zonas rurales del país.
La sentencia, dictada el pasado 2 de julio de 2025, pone fin a una larga disputa legal que se remonta a más de una década. La controversia se originó en 2010, cuando el operador de satélite SES Astra denunció ante Bruselas que los fondos públicos otorgados a operadores de TDT en zonas escasamente pobladas favorecían a una tecnología concreta en detrimento de otras, como el satélite, el cable o el ADSL. La Comisión Europea investigó el caso y, en 2013, concluyó que las ayudas estatales vulneraban las normas comunitarias al no ser tecnológicamente neutrales, al considerar que la televisión por satélite era una alternativa viable.
En su fallo de 2021, la Comisión reiteró que tanto el Estado como varias comunidades autónomas debían recuperar las ayudas públicas, cifradas en 260 millones de euros. El despliegue subvencionado afectaba aproximadamente al 2,5% de la población española en zonas rurales, donde los operadores no tenían interés comercial.
La justicia europea ya había dado la razón a Bruselas en 2017 en lo relativo a las subvenciones concedidas en el País Vasco, Navarra y Cataluña, aunque eximió a Galicia por insuficiencia de motivación en la investigación inicial, lo que obligó a reabrir el caso.
Argumentos rechazados por el TGUE
Tanto España como Cellnex recurrieron la decisión de la Comisión alegando que se habían infringido normas del procedimiento sobre ayudas de Estado y que no se habían respetado debidamente los derechos de las partes implicadas. Sin embargo, el TGUE desestimó estos argumentos y ratificó la legalidad de la actuación del Ejecutivo comunitario.
La financiación se destinó a operadores de TDT sin considerar otras soluciones disponibles en el mercado
La sentencia del TGUE subraya que las ayudas públicas concedidas durante el periodo 2005-2008 para la transición de la televisión analógica a digital en zonas remotas no respetaron el principio de neutralidad tecnológica. Además, la financiación se destinó a operadores de TDT sin considerar otras soluciones disponibles en el mercado, lo que vulnera la competencia en el sector de las telecomunicaciones.
Con esta sentencia, el TGUE confirma la obligación del Gobierno central y de las administraciones autonómicas implicadas de recuperar los 260 millones de euros concedidos de forma indebida. La decisión también obliga al Estado a asumir las costas judiciales del proceso, lo que supone un nuevo revés financiero.
Aunque esta sentencia cierra la vía judicial en primera instancia, las partes aún pueden presentar un recurso de casación ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). No obstante, el TJUE ya se pronunció en 2021 sobre un caso relacionado, concluyendo que España había incumplido sus obligaciones al no recuperar íntegramente las ayudas concedidas para la TDT en Castilla-La Mancha, por un valor de 45 millones de euros.
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