La Comisión Europea ultima una serie de modificaciones selectivas al Reglamento de Inteligencia Artificial (AI Act) con el objetivo de reducir su impacto inmediato sobre las empresas tecnológicas, incluidas las del sector de las telecomunicaciones.
Se trata de una rectificación limitada, pero significativa dentro del mayor marco regulatorio de IA del mundo, que desde su aprobación ha despertado inquietud entre compañías europeas y multinacionales por el posible freno a la innovación y la competitividad.
Los ajustes, que se presentarán el 19 de noviembre, forman parte del denominado digital omnibus package, un paquete de simplificación normativa que también afectará a regulaciones de datos y ciberseguridad, tal y como avanzábamos hace solo unos días.
La comisaria europea responsable de Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia, Henna Virkkunen, ha adelantado los planes en el Web Summit de Lisboa, subrayando la necesidad de “aportar certidumbre jurídica” mientras el despliegue progresivo del AI Act avanza sin que exista aún el conjunto completo de estándares técnicos.
Un reglamento ambicioso con un problema de tiempos
El AI Act comenzó a aplicarse de forma gradual el año pasado y contempla exigencias escalonadas en función del nivel de riesgo que plantea cada sistema de IA. Sin embargo, varios hitos clave deben activarse en agosto de 2026. Para entonces, el ecosistema tecnológico debería contar con estándares técnicos que todavía no existen y que, según establece el propio reglamento, deberían haber sido definidos con un año de antelación.
“No tenemos los estándares y, aun así, se acerca la siguiente fase del calendario regulatorio”
Esta falta de preparación amenaza con situar en un limbo legal a las empresas europeas. “No tenemos los estándares y, aun así, se acerca la siguiente fase del calendario regulatorio”, explica Virkkunen. “Por ello, estamos valorando cómo apoyar a la industria mientras construimos ese marco técnico”, asegura la vicepresidenta.
Las tensiones no son menores: según borradores filtrados, el paquete de simplificación podría incluir un periodo de gracia de un año, lo que retrasaría la posibilidad de sancionar incumplimientos hasta agosto de 2027. No obstante, la comisaria ha evitado confirmar si estos plazos adicionales formarán parte de la propuesta final.
Presión de las grandes tecnológicas… y resistencia institucional
La industria lleva meses reclamando una pausa. Más de 40 compañías europeas, entre ellas ASML, Philips, Siemens y Mistral AI, han pedido este año aplicar un “reloj parado” de dos años para evitar que las obligaciones más severas entren en vigor sin la infraestructura normativa necesaria.
Tanto el sector de la nube como los operadores de telecomunicaciones advierten de un incremento sustancial en costes de compliance y de una pérdida de competitividad frente a Estados Unidos y Asia.
“La Comisión continúa plenamente comprometida con los principios esenciales de la ley”
A estas presiones se ha sumado el Gobierno de Estados Unidos, desde donde se ha insistido en que la ley europea puede “sofocar la innovación” en modelos avanzados de IA.
Sin embargo, el Ejecutivo comunitario insiste en que las reformas no supondrán un retroceso en la filosofía original del AI Act. “La Comisión continúa plenamente comprometida con los principios esenciales de la ley”, recuerda Virkkunen, dejando claro que las enmiendas serán selectivas y no afectarán al núcleo protector del reglamento.
Una línea roja: no sacrificar las garantías
Mientras la conversación política gira hacia la simplificación y el impulso a la innovación, otras instituciones europeas alertan sobre los riesgos de descafeinar la norma. Michael O’Flaherty, comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, ha advertido también desde el Web Summit de que cualquier cambio debe preservarse dentro de los límites del marco de protección europeo. “No se puede ceder ante el lobby tecnológico hasta el punto de incrementar los riesgos para los ciudadanos”, afirma. “Está bien hacer más eficiente el marco regulatorio, pero sin vaciarlo”, señala O’Flaherty.
El Consejo de Europa teme que un exceso de flexibilidad termine por erosionar garantías frente a usos abusivos o discriminatorios de la IA, precisamente uno de los motivos por los que la legislación fue impulsada.
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