La Comisión Europea ha lanzado una consulta pública para revisar las Directrices sobre ayudas estatales de salvamento y reestructuración de empresas no financieras en crisis, con el objetivo de adaptar su marco regulador a la nueva realidad económica y tecnológica europea.
La propuesta plantea, por primera vez, excluir a determinadas startups y scaleups de la definición de “empresa en crisis” para que puedan acceder a ayudas públicas sin estar en riesgo de quiebra.
El Ministerio de Industria y Turismo ha animado a las pymes y agentes del ecosistema emprendedor español a participar en esta consulta, abierta hasta el 14 de noviembre de 2025. La iniciativa, gestionada por la Dirección General de Competencia de la Comisión (DG COMP), forma parte de la modernización de la política de ayudas estatales, una competencia exclusiva de la Unión Europea.
Una revisión necesaria tras una década de vigencia
Las directrices actuales datan de 2014 y expiran el próximo 31 de diciembre de 2025. Por ello, Bruselas prevé extender su aplicación un año más, hasta finales de 2026, mientras se completa el proceso de revisión. Según el documento oficial de convocatoria, la definición vigente de “empresa en crisis” ha cumplido en gran medida su función, pero resulta “poco clara y difícil de aplicar” para las autoridades nacionales.
Además, las condiciones actuales pueden tener un efecto no deseado: que compañías con modelos de negocio intensivos en innovación y elevados costes iniciales, como startups o scaleups tecnológicas, estén clasificadas como empresas en crisis pese a no estar en riesgo real de insolvencia. Este problema, señala la Comisión, podría estar limitando el acceso de estas empresas a otras formas de apoyo público, justo en un momento en que Europa busca reforzar su competitividad tecnológica frente a Estados Unidos y Asia.
El nuevo marco busca ofrecer mayor claridad a los Estados miembros y a las empresas, reforzando la previsibilidad y transparencia de las evaluaciones
El nuevo marco busca ofrecer mayor claridad a los Estados miembros y a las empresas, reforzando la previsibilidad y transparencia de las evaluaciones sobre compatibilidad de ayudas estatales. Según el texto preliminar, la revisión también podría ampliar el alcance de las ayudas al sector del acero, excluido desde 2014, para respaldar su transición hacia una industria más sostenible y competitiva.
Entre los cambios técnicos que se barajan figura la aclaración del concepto de “fondos propios”, considerado ambiguo en su interpretación actual, y la incorporación de ajustes derivados de recientes sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
La Comisión no prevé realizar una evaluación de impacto completa, dado que las modificaciones se centran en actualizar definiciones y armonizar criterios con la jurisprudencia vigente. Sin embargo, incluirá un análisis coste-beneficio y controles de adecuación para la competitividad y las pymes.
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