Para contextualizar, la demanda fue impulsada por usuarios de smartphones que acusaban a la compañía de recopilar y transferir datos móviles sin consentimiento explícito, incluso en situaciones en las que las aplicaciones estaban cerradas, la ubicación desactivada o la pantalla bloqueada. Según los demandantes, este comportamiento implicaba un uso innecesario de datos adquiridos por los propios usuarios a sus operadores.
Los afectados sostenían que esa información habría sido utilizada para mejorar productos y reforzar estrategias publicitarias
En este sentido, los afectados sostenían que esa información habría sido utilizada para mejorar productos y reforzar estrategias publicitarias, lo que, a su juicio, suponía una apropiación indebida de recursos ajenos. El caso se basa en la figura legal de “conversión”, que hace referencia al control no autorizado sobre la propiedad de otra parte.
Por su parte, Google ha aceptado el acuerdo sin reconocer irregularidades, una postura habitual en este tipo de procesos judiciales. La compañía ha señalado que el pacto cubre a los usuarios de dispositivos Android desde el 12 de noviembre de 2017.
Cambios en el consentimiento y la configuración de datos
Además del desembolso económico, el acuerdo contempla modificaciones en la gestión del consentimiento. A partir de ahora, Google deberá obtener la autorización expresa de los usuarios durante la configuración inicial del dispositivo antes de realizar determinadas transferencias de datos. Asimismo, la empresa se compromete a facilitar opciones más claras para desactivar estas transferencias y a reflejar esta información en los términos de servicio de Google Play.
Cabe destacar que, de aprobarse el acuerdo, los pagos a los miembros de la demanda colectiva estarán limitados a un máximo de 100 dólares por persona. Paralelamente, los abogados de los demandantes podrán solicitar hasta 39,8 millones de dólares en honorarios legales, lo que equivale a cerca del 30% del fondo total del acuerdo.
El juicio estaba inicialmente previsto para el 5 de agosto, aunque este pacto evitaría la celebración del proceso. Por el momento, Google no ha realizado comentarios adicionales tras la presentación del acuerdo ante el tribunal.
Con este movimiento, la compañía busca cerrar uno de los litigios más relevantes relacionados con la gestión de datos en Android, en un contexto de creciente presión regulatoria y social sobre la transparencia y el control de la información personal en los sistemas operativos móviles.
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