Aotec, la Asociación Nacional de Operadores de Telecomunicaciones, ha presentado alegaciones a Bruselas para reclamar modificaciones en dos iniciativas estratégicas: la futura Ley de Ciberseguridad II (CSA II) y el Reglamento de Redes Digitales (DNA).
Según la organización, algunos puntos de ambos textos podrían generar efectos contrarios a los perseguidos inicialmente. La asociación considera que el desafío europeo consiste en reforzar la autonomía tecnológica y elevar los estándares de seguridad sin reducir la diversidad de suministradores ni dificultar el acceso al mercado.
Uno de los principales focos de preocupación aparece en la propuesta de Ley de Ciberseguridad II en la que se plantea ampliar la capacidad de las instituciones europeas para excluir de infraestructuras críticas a proveedores considerados de "alto riesgo". En este sentido, Aotec no cuestiona el objetivo de reforzar la resiliencia de las redes europeas pero sí pone el foco sobre los criterios planteados para aplicar estas medidas y aseguran que el borrador prioriza elementos geopolíticos ligados al país de origen del fabricante frente a evaluaciones técnicas individualizadas sobre productos o servicios concretos.
Según la asociación de operadores locales, esta aproximación podría tener efectos especialmente sensibles en países como España. El mercado español se ha consolidado durante los últimos años como uno de los ecosistemas europeos con mayor despliegue de fibra hasta el hogar, un avance sustentado por un entorno competitivo donde han convivido grandes fabricantes y operadores independientes.
Además, Aotec advierte sobre otro posible impacto: la sustitución obligatoria de equipamiento desplegado previamente, ya que la medida podría afectar de forma más severa a operadores pequeños y locales con menor capacidad financiera para asumir inversiones adicionales.
Espectro y competencia en el centro del debate
Las reservas de la asociación también alcanzan al Reglamento de Redes Digitales, que revisará aspectos esenciales sobre la gestión futura del espectro radioeléctrico. Aotec propone que los operadores que concentren determinadas frecuencias estratégicas estén obligados a facilitar acceso mayorista a terceros cuando dichas bandas permitan servicios exclusivos. El objetivo consiste en evitar desequilibrios en un mercado que muestra una creciente tendencia a la concentración.
Asimismo, la asociación rechaza la posibilidad de establecer derechos de uso del espectro indefinidos o con renovaciones automáticas. Desde su perspectiva, el espectro constituye un recurso público limitado cuya explotación debe vincularse a plazos concretos y obligaciones verificables de inversión.
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