El Gobierno estadounidense ha solicitado formalmente intervenir ante el Tribunal General de la Unión Europea en apoyo de X y Elon Musk, que pretenden anular la multa de 120 millones de euros impuesta a la red social por la Comisión Europea bajo la Ley de Servicios Digitales (DSA).
El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) ha presentado esta su solicitud para participar en los procedimientos iniciados por X Internet, X Holdings y Musk contra la decisión comunitaria del 5 de diciembre de 2025. Washington argumenta que tiene un interés directo en el resultado del litigio por las consecuencias que la interpretación europea podría tener sobre otras empresas digitales estadounidenses con actividad en la UE.
“La Comisión Europea intentó ampliar inapropiadamente su autoridad regulatoria para alcanzar a empresas estadounidenses que no están presentes ni operan dentro de su jurisdicción”, ha asegurado Brett A. Shumate, fiscal general adjunto de la División Civil del Departamento de Justicia.
Washington cuestiona el alcance extraterritorial de la DSA
El núcleo de la intervención estadounidense va más allá de la sanción concreta contra X y cuestionan el criterio utilizado por Bruselas para determinar qué entidades pueden considerarse responsables de un servicio digital bajo la DSA y plantea dudas sobre su compatibilidad con los principios internacionales que limitan la jurisdicción extraterritorial.
Asimismo, Estados Unidos critica que la Comisión extendiera su análisis a Elon Musk como persona física y a otras entidades estadounidenses bajo su propiedad pese a que, según Washington, carecen de relación con los servicios digitales objeto del procedimiento. La Administración estadounidense considera que una confirmación judicial de este enfoque podría tener consecuencias para otras grandes plataformas digitales cuyas matrices se encuentran en Estados Unidos.
La disputa se enmarca además en las críticas que la Administración de Donald Trump ha dirigido contra la regulación tecnológica europea. El secretario de Estado, Marco Rubio, acusó a Bruselas, tras conocerse la sanción, de atacar a las plataformas estadounidenses y sostuvo que la multa contra X tenía implicaciones más amplias para las compañías tecnológicas del país.
La Comisión Europea, por su parte, rechaza que sus normas se dirijan contra empresas de una nacionalidad concreta y mantiene que su legislación persigue proteger los derechos de los usuarios y los estándares digitales europeos.
Los 'checks' azules, la publicidad y el acceso a los datos
La multa de 120 millones de euros llegó en diciembre de 2025 tras una investigación de dos años y constituyó la primera decisión formal de incumplimiento adoptada por la Comisión bajo la DSA. Bruselas identificó tres infracciones relacionadas con las obligaciones de transparencia de X.
La primera afecta al diseño del conocido check azul que la Comisión considera engañoso, puesto que X permite adquirir mediante pago el estado de cuenta “verificada” sin comprobar de forma significativa quién está detrás del perfil. La DSA no obliga a verificar la identidad de todos los usuarios, pero sí prohíbe presentar como verificada una cuenta cuando ese proceso no se ha producido.
Además, Bruselas detectó deficiencias en el repositorio publicitario de X, tanto por las barreras de acceso como por la ausencia de información relevante sobre los anuncios y las entidades que los financian. El tercer incumplimiento se refiere al acceso de investigadores a datos públicos de la plataforma, que la Comisión consideró sometido a restricciones incompatibles con las obligaciones de la DSA.
“Engañar a los usuarios con marcas azules, ocultar información sobre los anuncios y excluir a los investigadores no tiene cabida en internet en la UE”
“Engañar a los usuarios con marcas azules, ocultar información sobre los anuncios y excluir a los investigadores no tiene cabida en internet en la UE”, señaló entonces Henna Virkkunen, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión para Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia.
La Comisión ha avanzado que defenderá su decisión ante los tribunales y sostiene que dispone de argumentos sólidos para acreditar las infracciones de la DSA. El procedimiento judicial deberá determinar ahora si acepta la intervención solicitada por Estados Unidos y, posteriormente, resolver los recursos presentados contra la sanción.
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