La norma se enmarca en una tendencia internacional cada vez más extendida para endurecer el acceso de niños y adolescentes a las plataformas sociales, Australia ya ha introducido restricciones similares, mientras que varios países europeos estudian o preparan medidas propias. El debate combina cuestiones de protección infantil, privacidad y salud digital con las dificultades técnicas de comprobar la edad de millones de usuarios sin recopilar más datos personales de los necesarios.
Las plataformas no podrán ofrecer sus servicios a menores de 15 años
La nueva regulación establece de forma directa que los proveedores de redes sociales no podrán prestar sus servicios a niños que todavía no hayan cumplido los 15 años, para aplicar esta obligación, las compañías tendrán que adoptar medidas técnicas y administrativas que permitan comprobar la edad de quienes intenten abrir o mantener una cuenta.
El sistema previsto por las autoridades turcas utilizará un mecanismo de verificación conectado con e-Devlet, el portal de servicios digitales de la Administración. Los usuarios obtendrán un token de edad que permitirá confirmar si superan los umbrales establecidos sin facilitar a la plataforma su nombre u otros datos identificativos. El objetivo declarado es demostrar únicamente si una persona cumple la edad mínima, y no convertir la comprobación en un sistema de identificación completa.
Las nuevas altas de usuarios que no alcancen los 15 años deberán ser rechazadas. Para las cuentas que ya existan, las plataformas dispondrán de un periodo de adaptación y deberán completar la verificación de edad antes del 31 de marzo de 2027. Si el proceso determina que una cuenta pertenece a un menor de la edad permitida, tendrá que ser cerrada.
Los adolescentes de 15 a 17 años también tendrán más restricciones
La regulación no termina al cumplir los 15 años, los adolescentes de entre 15 y 17 años podrán mantener cuentas, pero las plataformas deberán ofrecerles una experiencia diferenciada y con más límites que la disponible para un usuario adulto. Entre las medidas previstas se encuentra que estas cuentas sean privadas por defecto y que no puedan convertirse en perfiles públicos.
Las plataformas tampoco podrán ofrecer emisiones en directo a este grupo de edad ni utilizar sus datos personales para crear perfiles destinados a publicidad personalizada. La regulación incluye además limitaciones sobre mecanismos de consumo continuo, como los feeds infinitos que encadenan imágenes y vídeos mediante desplazamiento, reproducción automática o interacciones sucesivas.
La norma resume este enfoque estableciendo que no podrán ofrecerse servicios susceptibles de producir un “efecto adictivo” en los menores. Esta formulación sitúa el diseño de la propia plataforma, y no únicamente el contenido publicado en ella, como uno de los elementos sobre los que las autoridades quieren intervenir. Los proveedores también estarán obligados a ofrecer herramientas de control parental fáciles de utilizar, estas funciones permitirán a los padres gestionar determinados ajustes de las cuentas, controlar el tiempo de uso y autorizar compras, alquileres, suscripciones u otras operaciones de pago dentro de las plataformas.
La regulación contempla igualmente mecanismos de reclamación para los usuarios afectados por una comprobación de edad o una suspensión, las objeciones deberán poder presentarse sin coste y tendrán que ser revisadas por personas, no exclusivamente por sistemas automatizados. Mientras se resuelve el recurso, la plataforma deberá conservar los datos y contenidos asociados a la cuenta.
Otro de los requisitos es que los métodos de verificación sean transparentes y auditables, las plataformas tendrán que explicar la fiabilidad de los sistemas empleados, el funcionamiento general de los mecanismos utilizados y las políticas específicas aplicadas a las cuentas de menores.
Multas y restricciones para las plataformas que no cumplan
Las compañías que incumplan las obligaciones pueden enfrentarse a sanciones económicas y a otras medidas de presión, incluidas restricciones de publicidad o de ancho de banda. La regulación aprobada en abril contemplaba multas que pueden alcanzar hasta el 3% de los ingresos globales de una compañía en determinados supuestos de incumplimiento. El objetivo es que las medidas no dependan únicamente de compromisos voluntarios de las plataformas, sino que puedan exigirse mediante sanciones cuando no se implementen los controles establecidos.
La medida llega en un contexto especialmente sensible para la regulación de internet en Turquía, el país ha aplicado durante los últimos años restricciones a cuentas individuales, medios digitales y, en determinados momentos, a plataformas completas. En 2024, las autoridades bloquearon temporalmente Instagram durante una semana, más recientemente, distintos grupos de periodistas y organizaciones de defensa de la libertad de expresión han cuestionado el elevado número de cuentas y contenidos restringidos en el país y han pedido mayor transparencia sobre las órdenes de bloqueo.
Turquía no es el único país que está elevando las barreras de acceso de los menores a las redes sociales, Australia ya ha introducido restricciones de edad y otros gobiernos estudian sistemas similares, con diferentes límites y modelos de verificación. En Europa también se han multiplicado las iniciativas, Países como Austria, Dinamarca, Francia, Grecia y España han impulsado o debatido fórmulas para restringir el acceso de menores, mientras que la Unión Europea trabaja en sistemas de verificación de edad que permitan confirmar si una persona supera un determinado umbral sin revelar su identidad completa.
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