Prácticas engañosas y vulnerabilidad infantil
El jurado ha considerado probado que Meta ha realizado afirmaciones engañosas sobre la seguridad de sus plataformas y que, además, incurrió en prácticas comerciales abusivas al aprovechar la vulnerabilidad de los menores. Uno de los puntos clave del caso se centra en que Meta conocía riesgos relacionados con la explotación infantil y el impacto en la salud mental, pero no actuó de forma adecuada ni transparente. La demanda, impulsada por la fiscalía de Nuevo México, se ha apoyado incluso en pruebas obtenidas mediante perfiles encubiertos que evidenciaban la exposición de menores a contenido y contactos inapropiados.
Aunque la cifra de 375 millones de dólares supone un golpe significativo, queda lejos de los más de 2.000 millones que habían solicitado los fiscales. En este sentido, la cantidad final responde a un cálculo basado en miles de infracciones individuales, con una penalización máxima por cada una.
A nivel financiero, el impacto es relativo teniendo en cuenta la dimensión de Meta, cuya valoración supera el billón de dólares. De hecho, el mercado apenas ha reaccionado tras conocerse el veredicto, reflejando que los inversores no perciben la sanción como un riesgo estructural inmediato. Aún así, lo importante no es solo la sanción económica, el caso abre la puerta a una segunda fase judicial que comenzará en mayo, donde se evaluará si Meta debe financiar programas públicos destinados a mitigar los daños causados.
Meta recurrirá la sentencia
Desde la compañía han rechazado el fallo. Un responsable de la empresa ha declarado que “respetuosamente no estamos de acuerdo con el veredicto y apelaremos”. Meta sostiene que trabaja activamente para proteger a los usuarios, especialmente a los menores, y que los retos asociados a la moderación de contenido y detección de comportamientos abusivos son complejos.
Además, este proceso se enmarca dentro de un contexto más amplio: la compañía se enfrenta a miles de demandas en Estados Unidos relacionadas con el diseño de sus plataformas y su posible impacto en la adicción y salud mental de menores en juicios como el de Los Ángeles o el Distrito Norte de California.
El objetivo es ir más allá de la multa y forzar a la empresa a modificar aspectos claves de sus servicios, un contexto donde la presión sobre las grandes compañías tecnológicas está en aumento. Y todo esto, enmarcado en un aumento de países que han comenzado la aplicación de restricciones al acceso a redes sociales, como son Francia, España o Australia, entre otros.
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