La disposición final primera del anteproyecto de Ley de Economía Sostenible, el Gobierno ha introducido la posibilidad de interrumpir Internet, previa autorización judicial, a aquellos abonados que descarguen archivos protegidos por derechos de autor. La razón, la "salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual", un argumento que también se utilizó cuando, en 2008 se aprobó, definitivamente, el reglamento de la reforma Ley de Propiedad Intelectual que grava con un Canon todos los dispositivos y soportes electrónicos con capacidad para grabar (CD, discos, memorias, telefónos, etc.) con independencia de quién los use y de para qué se usen en favor de entidades privadas de gestión de derechos. La crítica, la sensación recaudatoria en pro de intereses partidistas y el sentimiento de persecución están en la calle.
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A pesar de que la disminución en las ventas de dispositivos con capacidad de almacenamiento o copia directa o indirecta ha ‘suavizado’ las cantidades que se barajaban
en cuanto a ingresos de las entidades de gestión (se esperaba superaran los 1000 millones de euros), estas siguen moviéndose en cifras que alcanzan los seis dígitos. De hecho, se espera un incremento de 500 millones de euros en la recaudación de cánones sobre los derechos de autor en Europa en 2009.
No obstante, paradójicamente, los miembros de la plataforma ‘Todos contra el canon’ aseguran que “el Canon Digital empobrece al 97% de los autores y creadores, ya que el sobrecoste que deben de pagar en los equipos y soportes que utilizan para realizar su actividad creativa es mayor que la parte proporcionan del canon que les abonan las entidades de gestión que se ocupan de su recaudación”. Entonces, ¿quién se beneficia? ¿A qué viene la polémica, el anuncio de la creación de un cuerpo de arbitraje y vigilancia? ¿Se vulneran los derechos constitucionales de los Internautas?
Vigilados y perseguidos
Ante el escándalo social y mediático que se ha formado, el Gobierno insiste en que no se va a perseguir a los usuarios que descargan archivos sino contra aquellas páginas o empresas que facilitan dichas descargas; sin embargo en el artículo 8 de la LSSI se otorga a los ‘órganos competentes’ la potestad de exigir a los operadores que identifiquen a aquellos responsables que estén realizando actividades presuntamente vulneradoras de los derechos de autor: "Los prestadores estarán obligados a facilitar los datos de que dispongan".
Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas, ha manifestado públicamente su preocupación por la posibilidad de que no se defina quiénes son los "órganos competentes" habilitados para "espiar" comportamientos de los internautas: "¿Quién vigilará los comportamientos para poder aplicar estos cortes? ¿Serán los propios jueces, o un órgano administrativo? -aseguró".
Por su parte, Miguel Pérez Subías, de la Asociación de Usuarios de Internet recordó que en la Red "confluyen muchos derechos, como el derecho a la intimidad, al secreto de las comunicaciones, además de los derechos de autor". Asimismo, mostró su preocupación porque se "esté privilegiando a los intermediarios, como la industria cultural o las entidades de gestión, en lugar de a los extremos, es decir, a los autores y los consumidores".
Los internautas
Las contradicciones, la ‘regañina’ de la Comisaria Europea de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información a la Ministra González Sinde, la marcha atrás del Ejecutivo al ver cómo millones de internautas se posicionan en contra de medidas recaudatorias y privativas, etc., etc., son motivo de crítica, comentarios y parodias ya no sólo por la oposición, organismos oficiales o asociaciones, sino por la ciudadanía en general y por los jóvenes (a quienes afecta la medida frontalmente) en especial. Valga como muestra, el video realizado en el Centro de Estudios Universitarios Villanueva de Madrid.
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