Un grupo de operadores locales que habían presentado sus proyectos en el primer plazo dado para la convocatoria de ayudas que concluyó el 27 de mayo han presentado recursos de reposición argumentando que la apertura de un segundo periodo contraviene la legislación vigente, dado que se hizo dos meses después de que se cerrara el primero (concretamente el 2 de julio). Por ello, los afectados han presentado recursos ante la Secretaría de Estado para el Avance Digital.
En este sentido, los operadores denunciantes aseguran que reabrir la presentación de solicitudes es “ilegal” y señalan que “ni la resolución por la que se realizó la convocatoria inicial de ayudas en abril, ni las bases de la misma, ni la normativa de subvenciones y procedimiento administrativo prevén que se pueda reabrir el plazo” de presentación de solicitudes.
La decisión del Gobierno “afecta a los intereses de todos los que legítimamente se han presentado a la convocatoria de ayudas” dado que implica “una merma de las posibilidades de ser beneficiario”
Del mismo modo, apuntan que la decisión del Gobierno “afecta a los intereses de todos los que legítimamente se han presentado a la convocatoria de ayudas” dado que implica “una merma de las posibilidades de ser beneficiario” al otorgar más tiempo para que nuevas empresas compitan por los incentivos, perjudicando así sus posibilidades de recibir fondos a la extensión de la banda ancha.
Concretamente, ni la convocatoria ni la orden de bases contemplan la ampliación de los plazos o que éstos se puedan volver a abrir. Sin embargo, la legislación vigente sí permite que se tome la decisión de realizar una ampliación, aunque únicamente dentro del periodo convocado y como máximo añadiendo la mitad del tiempo de la primera convocatoria. Lo que supone que el Gobierno tendría que haber realizado esta ampliación antes del 27 de mayo.
Por tanto, al incumplirse la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, LPA, esta segunda convocatoria debería anularse, aseguran las empresas que han interpuesto recurso, y que cuentan con el respaldo de la Asociación Nacional de Operadores Locales de Telecomunicaciones (AOTEC).
Unas ayudas manchadas por los errores de la Administración
Las ayudas nacieron ya con errores en los plazos, y es que el Ejecutivo tuvo que realizar una corrección y extenderlo hasta el 27 de mayo porque no se cumplía con el mínimo de 20 días hábiles que tiene que otorgarse en cualquier convocatoria de incentivos según la Ley de Subvenciones.
A esto, se sumaba un segundo fallo, el de una distribución de fondos por provincias incorrecta, cuya subsanación la ha usado el Gobierno como ‘excusa’ para abrir de nuevo la presentación de solicitudes.
AOTEC considera “sorprendente” que el Ejecutivo haya cometido “semejante fallo” a la hora de gestionar fondos europeos
En este sentido, los afectados aseguran que la corrección en las cuantías de los fondos no hace “en ningún caso imposible la continuidad de la convocatoria” y no justifica la decisión de reabrir el periodo de peticiones.
Asimismo, recuerdan que el Reglamento de la Ley General de Subvenciones prohíbe taxativamente la reapertura de plazos incluso cuando se trata de una ampliación del crédito de una convocatoria de incentivos.
Por su parte, AOTEC considera “sorprendente” que el Ejecutivo haya cometido “semejante fallo” a la hora de gestionar fondos europeos como los correspondientes a la extensión de la banda ancha y ha reiterado su respaldo a los operadores locales.
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