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Por Alfonso de Castañeda
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martes 01 de diciembre de 2020, 17:56h

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El Consejo de Ministros ha presentado el Plan de Conectividad e Infraestructuras Digitales de la sociedad, economía y territorios y la Estrategia de impulso al desarrollo de la tecnología 5G, que contarán con 4.320 millones de euros de presupuesto en cinco años.

Ambos proyectos forman parte de la Agenda España Digital 2025 que presentó en verano el Gobierno y prevé una inversión de 4.320 millones de euros de inversión pública, de los cuales 883 millones ya están previstos en los Presupuestos de 2021. Paralelamente, el Gobierno espera movilizar una inversión privada de 24.000 millones de euros.

Según la Unión Europea, la conectividad y la 5G son palancas de recuperación e impulsores de la transformación digital en la Estrategia Anual de Desarrollo Sostenible y el Gobierno ha señalado estas claves en su plan de recuperación, por el cual se destinará el 33% de los fondos europeos a la conectividad y digitalización de España.

Los dos planes se han compartido previamente con los miembros de la Comisión Permanente de Telecomunicaciones del Consejo consultivo para la Transformación Digital.

Conectividad de 100Mbps para el 100% de la población

El Plan para la conectividad y las Infraestructuras Digitales de la sociedad, la economía y los territorios busca ampliar la cobertura de band ancha de lata velocidad hasta alcanzar el 100% de la población. Este plan contará con una inversión de 2.320 millones de euros hasta 2025, de los cuales 583 están contabilizados ya en los PGE del año 2021.

Este plan contará con una inversión de 2.320 millones de euros hasta 2025

Con ello, el Gobierno quiere contribuir a la cohesión territorial, impulsar el crecimiento económico, apoyar la transformación digital de actividades económicas y facilitar a la población el acceso a los servicios esenciales a distancia.

El primer punto del Plan de conectividad es extender la banda ancha para favorecer la “vertebración territorial”, incluyendo medidas para incentivar el despliegue de banda ancha en centros urbanos, zonas despobladas, centros de referencia y asistenciales, de manera que para 2025 España tenga una cobertura de 100Mbps en el 100% de la población.

Cuando los trabajos de despliegue que están en ejecución estén completados, se alcanzará el 91% de cobertura de 100Mbps

Actualmente, nuestro país cuenta con una cobertura del 84% para esta tecnología y dentro de un año, cuando los trabajos de despliegue que están en ejecución estén completados, se alcanzará el 91% de cobertura.

La parte compleja está en las zonas rurales, donde aún queda un amplio camino por recorrer ya que en la España rural la cobertura de fibra óptica alcanza el 46% de la población, muy lejos del objetivo, pero también muy por encima de los países europeos como Francia (12%), Alemania (6%) o Reino Unido (6%) y duplicando la media europea de cobertura rural.

El segundo gran punto está en la conectividad para empresas, que recoge las acciones de refuerzo de conectividad asociadas a entornos empresariales como polígonos industriales, centros logísticos o parques empresariales.

La idea es que el 100% de los polígonos industriales tengan una conexión escalable a 1Gbps para 2025

La idea es que el 100% de los polígonos industriales tengan una conexión escalable a 1Gbps para 2025. Por su parte con las pymes, se pondrá en marcha un programa para facilitar bonos de conectividad digitales para aquellas compañías que participen en programas públicos de impulso a su digitalización.

Finalmente, el tercer punto de este plan de conectividad se centra en crear un hub de datos mediante la mejora de la conectividad de las infraestructuras digitales transfronterizas y el impulso de la participación en programas europeos de interés común (IPCEI) que se ejecutarán en el periodo 2021-2027, como la alianza industrial para servicios cloud y el sistema satelital de comunicaciones seguras.

Junto a estos tres puntos, el Plan incluye dos ejes transversales, uno referido a la normativa y sistemas de información pública, que se solventará con la nueva Ley General de Telecomunicaciones y otro relacionado con la renovación de infraestructuras de telecomunicaciones en edificios, incluyendo medidas de apoyo a la eficiencia energética.

Cobertura 5G para el 75% de la población

La Estrategia de impulso de la tecnología 5G es “el elemento vertebrador de los objetivos y las medidas incluidas en España Digital 2025 para aprovechar la irrupción de esta nueva tecnología en la transformación económica”.

España se apoya en su posición de relevancia que le otorga liderar el ranking de experiencias piloto 5G, con 32 de las 245 experiencias pre-comerciales que hay en marcha en la Unión europea, y siendo el segundo país con más ciudades 5G, sólo por detrás de Reino Unido.

El Gobierno prevé inversiones de 2.000 millones de euros hasta 2025, de los cuales 300 están previstos en los presupuestos de 2021

Para impulsar la 5G, el Gobierno prevé inversiones de 2.000 millones de euros hasta 2025, de los cuales 300 están previstos en los presupuestos de 2021. Para ello, se centrará en tres ejes. En primer lugar, facilitar la disponibilidad de las bandas de frecuencia prioritaria para los servicios 5G, con la idea de realizar en el primer trimestre de 2021 la subasta de la banda de 700MHz.

El segundo punto se centra en establecer medidas de apoyo al despliegue de redes 5G, con el objetivo de alcanzar al 75% de la población española con cobertura 5G, una apuesta que ya había lanzado Telefónica. Y también cobertura 5G ininterrumpida en las principales carreteras, ferrocarriles y puntos singulares, como los aeropuertos.

Además, se habilitará un instrumento de ayudas que incentive el despliegue de infraestructuras 5G en los territorios y corredores donde se proporcione “un mayor efecto transformador”. La estrategia también promueve el uso de la 5G en los proyectos tractores de digitalización sectorial.

En tercer lugar, se incorporan medidas para crear un marco regulatorio y administrativo que propicie un clima inversor, como la Ley de Ciberseguridad, que transpondrá al ordenamiento jurídico español los instrumentos y medidas que los Estados miembros consensuaron a principios de este año para mitigar los riesgos de seguridad en las redes 5G.

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