El Supremo ha desestimado el recurso del ente público, obligando a devolver a Telefónica unos 1.000 millones de euros. Sin embargo, la justicia española no especifica la cantidad a la que asciende la devolución una vez sumados los intereses, así como tampoco se señala la fórmula de pago, aunque algunas fuentes señalan que será en efectivo, según reporta Europa Press.
Con ello, Telefónica se embolsaría algo más de 1.000 millones de euros, lo que supone una cifra cercana a los beneficios reportados por la teleco española durante el primer semestre de este año. Se trata así de la segunda sentencia favorable en este caso, con la que se obligó a Hacienda a devolver 702 millones de euros y 201 millones de intereses a Telefónica en 2019.
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Una historia que se remonta 20 años atrás
El caso se remonta al año 2000 cuando Terra, la que fuera la unidad digital de Telefónica, adquirió Lycos por unos 8.000 millones de euros a través de un intercambio de acciones y cuatro años después lo vendió por apenas el 1% de lo que le había costado, unos 90 millones.
Telefónica se dio cuenta de que la base imponible negativa podía calcularse empleando el valor de mercado de las acciones recibidas, por lo que rehízo las cuentas y reclamó un crédito fiscal mucho más cuantioso
La operación le generó a Telefónica unas minusvalías de unos 272 millones en crédito fiscal, ya que la normativa permite que las pérdidas se utilicen para reducir la base imponible de los resultados futuros de cara al pago del impuesto de sociedades. Sin embargo, más tarde desde la teleco se dieron cuenta de que la base imponible negativa podía calcularse empleando el valor de mercado de las acciones recibidas, por lo que rehízo las cuentas y reclamó un crédito fiscal mucho más cuantioso, unos 2.600 millones.
Sin embargo, desde Hacienda no reconocieron este crédito fiscal que recurrió sin éxito ante el Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC), por lo que acudió a la Audiencia Nacional, que falló en 2012 a favor de la firma que ahora lidera José María Álvarez-Pallete, pero desestimaba la demanda en aspectos que el Estado sí le había dado la razón. Tras ello, en 2015 el Supremo dio la razón a la empresa, pero Hacienda se negó a cumplir la sanción, según recoge El País.
Esto llevó a un nuevo recurso ante el TEAC que en 2019 dio parcialmente la razón a Telefónica obligando a pagar 702 millones a la teleco española y 201 millones de intereses de demora. Ahora el caso llega a su fin con la decisión definitiva del Supremo.
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