Los eurodiputados han aprobado esta semana una serie de normas que obligarán a los países a cumplir medidas de supervisión y ejecución más estrictas y a armonizar sus sanciones. Esta norma, acordada con el Consejo en el mes de mayo, establece obligaciones más estrictas.
La NIS 2.0, que se espera que entre en vigor en 2024, amplía las obligaciones de ciberseguridad para la gestión de riesgos, presentación de informes e intercambio de información a más sectores. Además, endurece las disposiciones para la respuesta a incidentes, la seguridad en la cadena de suministro, el cifrado y la divulgación de vulnerabilidades.
Se pone así el foco en sectores esenciales como la energía, el transporte, la banca, la sanidad, las infraestructuras digitales, la administración pública y el sector espacial, así como a los sectores importantes como los servicios postales, la gestión de residuos, los productos químicos, la alimentación, la fabricación de dispositivos médicos, la electrónica, la maquinaria, los vehículos de motor y los proveedores digitales.
"Tenemos que actuar para que nuestras empresas, gobiernos y sociedad sean más resistentes a las operaciones cibernéticas hostiles"
Asimismo, se establece un marco para mejorar la cooperación y el intercambio de información entre las diferentes autoridades y los Estados miembros y crea una base de datos europea sobre vulnerabilidad.
"Se trata de la mejor legislación en materia de ciberseguridad que ha visto este continente hasta ahora, porque transformará a Europa para gestionar los incidentes cibernéticos de forma proactiva y orientada al servicio", asegura el eurodiputado holandés principal de la norma, Bart Groothuis (Renew). "El ransomware y otras ciberamenazas se han cebado con Europa durante demasiado tiempo. Tenemos que actuar para que nuestras empresas, gobiernos y sociedad sean más resistentes a las operaciones cibernéticas hostiles", advierte Groothuis.
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Actualizando la directiva de 2016
Esta norma supone la actualización de la directiva NIS aprobada en 2016 con el fin de mejorar la claridad y la aplicación, así como abordar la evolución rápida que está viviendo este ámbito, abarcando más sectores y actividades, e incluyendo la seguridad de las cadenas de valor.
La norma viajará ahora al Consejo para su aprobación por parte de los países de la UE, tras lo cual los Estados miembros tendrán 21 meses para aplicarla.
Foto: Depositphotos
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