La adjudicación a Telefónica se ha realizado a través del portal de contratación del Estado y se enmarca en la iniciativa respaldada por fondos europeo. El contrato, con un presupuesto máximo, es de naturaleza mixta, comprometiendo al contratista a ejecutar su objeto de manera sucesiva y por precio unitario.
La duración del contrato se extiende por 36 meses, con fecha límite hasta el 30 de junio de 2026. Los pedidos de suministro a lo largo de su vigencia, excluyendo el primer pedido, se ajustarán a las necesidades del Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), según avanza Europa Press.
La adjudicación fue realizada por la dirección general del Incibe, una sociedad mercantil estatal que pertenece al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. El proceso de contratación se llevó a cabo mediante negociación sin publicidad, fundamentada en la protección de intereses esenciales para la seguridad del Estado, según los documentos publicados en el portal de contratación.
Telefónica supera así a la unión temporal de empresas (UTE) conformada por Fujitsu y Vodafone, quienes también presentaron una oferta para este contrato público. La decisión destaca el respaldo de Telefónica en el ámbito de la ciberseguridad y su papel en la implementación de tecnologías 5G y otras innovaciones.
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