Las telecos europeas llevan varios meses presionando a los gobiernos europeos para que las grandes empresas, responsables de prácticamente la mitad del tráfico de redes, colaboren en sufragar los costes de despliegue de quinta generación de telefonía móvil y de redes de banda ancha ultrarrápida.
En este sentido, las principales telecos europeas, con Telefónica, Vodafone, Orange y Deutsche Telekom a la cabeza han insistido en calificar su petición de “financiación equitativa”, pero las grandes tecnológicas, con Microsoft, Google, Meta, Apple y Amazon, entre otras, optan por denominarlo como un impuesto sobre internet.
"No se ha demostrado la necesidad de introducir una tasa basada en el volumen de tráfico de Internet para el mercado belga"
"IBPT-BIPT considera que la necesidad de obligar a las plataformas de Internet a pagar a los operadores de red no está suficientemente demostrada", apunta el regulador belga en un informe. "No se ha demostrado la necesidad de introducir una tasa basada en el volumen de tráfico de Internet para el mercado belga", aseguran.
El regulador belga también afirma que un fondo permanente y separado para ayudar a financiar los picos temporales de inversión puede no ser apropiado porque ya hay planes para el despliegue de fibra y porque algunas zonas rurales se beneficiarán de ayudas estatales.
El informe asegura que “una tasa obligatoria en función del volumen de tráfico de datos invierte radicalmente la arquitectura de la Internet abierta al permitir monetizar el monopolio de terminación de los ISP”.
El regulador advierte que esto puede “socavar la neutralidad de la red”, uno de los principios básicos de gobernanza de internet en la Unión Europea y en buena parte del mundo occidental. “Si las tecnológicas no paga (o paga insuficientemente) la contribución obligatoria, un operador tendría la posibilidad de ajustar la calidad de la conectividad del primero; o se verá tentado a hacerlo para mejorar su posición negociadora frente a las tecnológicas”.
El informe va más allá y señala que “incluso si la neutralidad de la red se mantiene por completo, las tecnológicas pueden, en principio, negarse a pagar, ya que sus contenidos también pueden llegar al consumidor de forma indirecta”. “Las tecnológicas podrían entonces detener la interconexión directa (peering) o incluso, en teoría, trasladar sus servidores fuera de la UE. Esto aumentaría el riesgo de una mayor latencia para el usuario final, ya que el tráfico tiene que viajar por rutas de interconexión más largas”, señalan el regulador en el informe. Además, esta intervención crea “distorsiones difíciles de predecir” en la dinámica competitiva del ecosistema de Internet.
“Las plataformas de Internet y los proveedores de servicios de Internet se caracterizan por una dependencia mutua que da lugar a una simbiosis sostenible"
En esta línea, asegura el regulador que “las plataformas de Internet y los proveedores de servicios de Internet se caracterizan por una dependencia mutua que da lugar a una simbiosis sostenible en términos de interconexión, inversiones en redes de distribución de contenidos y mejoras de eficiencia como la compresión de vídeo”.
El debate está aún en sus puntos iniciales y todavía quedan varios meses para conocer la propuesta real de la Comisión Europea, avanzada por el comisario Thierry Breton, que no entrará en vigor antes de 2025.
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