El secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, Antonio Hernando, ha anunciado que el Gobierno intensificará las inspecciones de ciberseguridad en los equipos que utilizan las compañías de telecomunicaciones en sus redes móviles, especialmente los asociados al despliegue de 5G.
La medida, según ha indicado, busca verificar que los dispositivos instalados cumplen de forma efectiva los parámetros de seguridad recogidos en su proceso de certificación.
La decisión se produce en un contexto marcado por la polémica sobre el uso de equipos del fabricante chino Huawei, vetados en Estados Unidos y señalados por la Unión Europea por supuestos riesgos de espionaje, aunque sin un veto activo en España.
Sin mencionar directamente a la compañía, Hernando ha advertido que “se revisarán las certificaciones en materia de ciberseguridad y se vigilará con detalle la instalación de los equipos”, durante su intervención en el Congreso Anual de Comunicaciones de UGT, ante los máximos responsables de Telefónica, MasOrange, Vodafone y Digi.
Un contrato paralizado y la presión europea
El anuncio llega apenas un mes después de que el Ministerio de Transformación Digital paralizara un contrato adjudicado a Telefónica para renovar la red pública de fibra óptica RedIris con equipos de Huawei. Esta infraestructura conecta a universidades y a ministerios como Defensa o Interior, lo que incrementó la polémica en torno a su adjudicación. A día de hoy, el procedimiento sigue sin reflejar la cancelación formal ni la apertura de un nuevo concurso en la plataforma de contratación pública.
Además, España acumula retraso en la transposición de la directiva europea de ciberseguridad NIS2, aprobada en 2022 y vigente desde enero de 2023. Aunque los Estados miembros debían adaptarla antes de octubre del pasado año, el Ejecutivo prevé hacerlo antes de que finalice 2025. Hernando ha confirmado que existen 1.157 millones de euros presupuestados en materia de ciberseguridad que deberán ejecutarse antes del 31 de diciembre.
Consulta pública y nuevos riesgos
El Ministerio también ha impulsado una consulta pública para reforzar la seguridad de las redes frente a situaciones de catástrofe como la DANA o posibles apagones eléctricos. Según ha señalado el secretario de Estado, ya se han recibido 23 aportaciones del sector con propuestas que podrían incorporarse en la futura regulación.
En paralelo, el Gobierno observa con cautela el proceso legislativo en Bruselas sobre la futura Ley de Redes Digitales. Hernando reconoce que España teme un resultado “más bien conservador” que no modifique sustancialmente el marco actual y ha mostrado su rechazo a la propuesta comunitaria de comunalizar licencias de espectro, un instrumento clave de financiación para Hacienda gracias a las aportaciones de los operadores.
El responsable gubernamental también ha apuntado al desafío que supone la apuesta de compañías estadounidenses por la conectividad vía satélite y ha defendido que Europa “debe mover ficha” para no quedar rezagada en esta nueva carrera tecnológica.
Qué piden los operadores
La jornada también ha servido para dar voz a los máximos representantes del sector en España. Borja Ochoa, presidente de Telefónica España, ha subrayado la necesidad de un cambio de tendencia en el modelo de negocio de las telecomunicaciones europeas, recordando que mientras en Estados Unidos el sector ha crecido un 17% en la última década, en Europa ha retrocedido un 33%.
Por su parte, Meinrad Spenger, consejero delegado de MasOrange, ha incidido en que España se ha quedado atrás en el desarrollo de servicios avanzados basados en conectividad, como el coche autónomo o los robots humanoides, que ya operan en China. También ha puesto sobre la mesa la diferencia de ingresos medios por usuario (ARPU), que en Estados Unidos triplican los de España a pesar de que allí cuentan con menor despliegue de fibra y un servicio de calidad inferior.
A su vez, José Miguel García, CEO de Vodafone España, ha defendido que “España es el país más adelantado del mundo en materia de telecomunicaciones”, aunque ha pedido poner fin a la excesiva fragmentación del mercado europeo y español, que en su opinión limita las posibilidades de inversión a largo plazo.
Por último, Marius Varzaru, consejero delegado de Digi España, ha destacado que la compañía sigue creciendo gracias a un modelo industrial apoyado en la inversión y ha reclamado una desregulación que incentive la creación de empleo y favorezca la competencia equilibrada.
El sector coincide en que la digitalización de la economía y la llegada de tecnologías como el 5G, la inteligencia artificial o el cloud requieren un entorno regulatorio más flexible y estable. En paralelo, el Gobierno refuerza los mecanismos de inspección y control en ciberseguridad con el objetivo de garantizar la resiliencia de las redes en un escenario de creciente complejidad geopolítica y tecnológica.
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