El dato más contundente está en la infancia. El 95% de los encuestados considera que los menores están poco o nada protegidos en el entorno digital, una cifra que muestra hasta qué punto la preocupación social se ha instalado alrededor del uso de pantallas, redes sociales y plataformas online. Además, la mayoría apoya medidas concretas: el 96% respalda el control parental, otro 96% pide regular la publicidad dirigida a menores y el 91% defiende establecer una edad mínima para el uso de smartphones.
La encuesta también deja claro que la ciudadanía quiere más regulación. Un 69% considera insuficiente la protección actual de los derechos digitales, mientras que la práctica totalidad de los encuestados cree que la privacidad y la protección de datos deben estar protegidas por ley. En concreto, el 96% reclama garantías legales en esta materia y el 94% pide protección frente al acoso, los mensajes de odio y la difamación en plataformas digitales.
En este sentido, el informe muestra una visión bastante clara sobre qué derechos deberían quedar blindados en la esfera digital. El 89% defiende el derecho al borrado de información personal en Internet, el 81% considera que el acceso asequible a la red debe estar protegido legalmente y el 76% incluye la libertad de expresión en plataformas digitales entre los derechos que deben reconocerse. También crece la preocupación por los algoritmos: el 73% pide sistemas no discriminatorios y el 72% reclama revisión humana cuando una decisión automatizada pueda afectar a una persona.
La responsabilidad, según los encuestados, no recae en un único actor. El 45% señala a las administraciones públicas como principales garantes de los derechos digitales, mientras que el 39% apunta directamente a las empresas tecnológicas. Esta percepción encaja con otro de los resultados del estudio: el 88% cree que las tecnológicas acumulan demasiado poder económico y el 85% considera que manejan demasiada información personal de los ciudadanos.
La desinformación también aparece como uno de los grandes focos de preocupación. La mayoría identifica las redes sociales como el espacio donde más circulan las noticias falsas, con un 88% de respuestas, y también como el entorno donde se difunden con más frecuencia los discursos de odio, con un 86%. Aun así, el estudio muestra que muchos usuarios intentan protegerse: el 78% afirma verificar habitualmente los contenidos que encuentra en Internet, aunque un 18% reconoce que no comprueba su veracidad.
Otro dato relevante está en la forma de participar en la red. El 71% de los encuestados apoya que la participación en redes sociales y foros esté ligada a una identificación obligatoria, frente al 24% que defiende mantener el anonimato. La cifra refleja una demanda social de más control en los espacios digitales, aunque también abre un debate delicado sobre privacidad, libertad de expresión y seguridad.
La percepción de riesgo varía también según la edad y el nivel educativo. Entre las personas con educación obligatoria, el 69% se siente poco o nada seguro en Internet, mientras que entre quienes tienen estudios superiores el porcentaje baja al 35%. Además, los principales riesgos señalados son la privacidad y el control de datos personales, las estafas y robos, la suplantación de identidad, la información falsa y el acoso. En el caso de los jóvenes, el dato es especialmente preocupante: el 33% de la población entre 18 y 29 años afirma haber sufrido acoso en Internet.
La inteligencia artificial también entra en el mapa de preocupaciones. El 77% de los encuestados pide más regulación sobre esta tecnología y el 56% prefiere que su desarrollo se ralentice. Sin embargo, la visión no es únicamente negativa: el 49% cree que la IA tendrá efectos positivos para personas como ellas, lo que refleja una mezcla de interés, prudencia y necesidad de reglas claras.
El informe también muestra que el concepto de derechos digitales empieza a calar, aunque todavía falta pedagogía. Siete de cada diez ciudadanos han oído hablar del término, pero un 28% no sabría explicarlo. Esta brecha confirma que la alfabetización digital no pasa solo por saber usar herramientas, sino por entender qué derechos existen y cómo defenderlos.
En cuanto al uso de la tecnología, las diferencias generacionales son muy claras. Nueve de cada diez ciudadanos entre 18 y 44 años considera que la tecnología digital es fácil de usar, pero esa cifra cae al 46% entre los mayores de 60 años. La distancia se nota especialmente en los trámites administrativos online: entre los 18 y 59 años, entre el 70% y el 80% cree que la digitalización de la administración les ha facilitado la vida, mientras que entre los mayores de 60 años el porcentaje baja al 49%. Además, un 40% de este grupo afirma que los trámites digitales con servicios públicos les complican el día a día.
Durante la presentación del estudio, María González Veracruz, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, ha defendido que las medidas impulsadas por el Gobierno responden a las inquietudes de la ciudadanía y ha recalcado que “tenemos los mismos derechos en las redes que en la calle”. Por su parte, Luisa Alli, directora general de Fundación Hermes, ha señalado que los datos muestran “un mandato social muy claro: más garantías en el entorno digital”.
En la misma línea, Jesús Herrero, director general de Red.es, ha explicado que el informe evidencia que la población reclama “el fin de una red sin ley”. Asimismo, David Casado, de Fundación ”la Caixa”, ha destacado que los derechos digitales han pasado de ser un debate abstracto a una preocupación cotidiana, mientras que Jordi Muñoz, profesor asociado de Ciencias Políticas de la Universitat de Barcelona, ha subrayado el consenso casi universal en torno a la protección de los menores.
La encuesta, realizada a 2.500 ciudadanos entre octubre y diciembre de 2025, deja una conclusión bastante clara: la ciudadanía no quiere menos tecnología, pero sí un entorno digital más seguro, más comprensible y con reglas que se puedan exigir. El reto ya no es solo conectarse, sino hacerlo con derechos.
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