La nueva Ley de Riders obliga a las plataformas a contratarlos

Con este nueva regulación, las plataformas tendrán tres meses para adaptarse, obligándolas a contratar a los denominados ‘riders’. "España se convierte en la vanguardia de la legislación internacional. No hay ningún país en el mundo que se haya atrevido a legislar sobre esta materia", ha defendido la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

"No hay ningún país en el mundo que se haya atrevido a legislar sobre esta materia"

Esta ley de riders básicamente da un rango legal al acuerdo que se alcanzó hace ya dos meses entre el Ministerio de Trabajo, la patronal y los sindicatos con el fin de dar protección a personas trabajadores que prestan servicios bajos formas de organización y dirección empresarial distintas a las tradicionales, pero en régimen de dependencia y ajenidad, sometidas a un control de procesos y de resultados.

Derecho de información sobre algoritmos

Además, este real decreto-ley precisa los derechos de información y consulta de la representación de las personas trabajadoras en el entorno laboral digitalizado que deberá ser informada por la empresa de las reglas en las que se basan los algoritmos o sistemas de IA que afectan a la toma de decisiones que puedan incidir en las condiciones de trabajo, el acceso y mantenimiento del empleo y la elaboración de perfiles.

"Todo el mundo tiene derecho a saber las razones de las decisiones que le afectan. No se pueden automatizar sin dar explicaciones al trabajador o la trabajadora Han de saber lo que esconde el algoritmo. Detrás de un algoritmo hay una decisión", señala Díaz, quien ha destacado que "es el momento de que España impulse vientos de cambio, situándonos a la vanguardia internacional en protección laboral de los trabajadores y trabajadoras en plataformas con esta normal".

Se trata de la primera legislación que incorpora el acceso al a información de parámetros, reglas e instrucciones de los algoritmos de los sistemas de IA y llega con el anuncio de la creación de un grupo de expertos para estudiar el impacto digital y de los algoritmos en las relaciones laborales, una cuestión “clave” para la titular de Trabajo.