La Policía Nacional ha identificado a ocho personas implicadas en una trama de ciberestafas que operaba a través de redes sociales y que llegó a defraudar casi 10.000 euros a un vecino de Valladolid.
La investigación, iniciada tras la denuncia presentada en abril, ha revelado que los delincuentes captaban a sus víctimas mediante anuncios que prometían ingresos rápidos por realizar acciones simples en TikTok, como dar “me gusta” a vídeos concretos.
Según han informado fuentes policiales, la víctima perdió un total de 9.780 euros tras ser engañada a través de una compleja estrategia que combinaba manipulación psicológica, falsas inversiones y uso de intermediarios financieros. Estos intermediarios, conocidos como “mulas”, movían el dinero entre diferentes cuentas bancarias para dificultar su rastreo y, a cambio, recibían una comisión de la organización criminal que controlaba el fraude.
Del “me gusta” a la falsa inversión
El engaño comenzó de manera aparentemente inocente. Tras responder a un anuncio en redes sociales, la víctima empezó a recibir pequeños pagos, de hasta 193 euros, por interactuar con vídeos en TikTok, lo que reforzó su confianza en la supuesta plataforma. Posteriormente, los estafadores ofrecieron al afectado una oportunidad de obtener mayores beneficios a través de una web de inversión en criptomonedas.
Las inversiones parecían generar beneficios, que se mostraban en gráficos y balances falsos.
Bajo la guía de un supuesto “mentor de tareas”, la víctima realizó transferencias directas desde su cuenta bancaria a las cuentas indicadas por la organización. En la plataforma digital, las inversiones parecían generar beneficios, que se mostraban en gráficos y balances falsos. Sin embargo, el dinero real ya había sido desviado a cuentas controladas por los estafadores.
Cuando el afectado intentó retirar sus ganancias, los responsables de la web afirmaron que existía un “error de sistema” y le exigieron un pago adicional de 8.000 euros para desbloquear los fondos. Ante su negativa, le ofrecieron un crédito de 2.500 euros gestionado por la propia organización, que aceptó pensando que podría recuperar su inversión. Poco después, le reclamaron otros 15.000 euros para completar la supuesta operación, lo que despertó finalmente sus sospechas.
Al intentar verificar la información con su entidad bancaria, la víctima descubrió que los datos solicitados no existían. Fue entonces cuando presentó la denuncia ante la Policía Nacional, que activó una investigación en colaboración con entidades financieras y unidades especializadas en ciberdelincuencia.
Los agentes han identificado ocho cuentas bancarias receptoras de las transferencias, todas vinculadas a ciudadanos que actuaban como “mulas financieras”. El análisis técnico permitió rastrear la comunicación digital hasta un número telefónico con prefijo de Indonesia, lo que apunta a una red de alcance internacional.
Si (
No(
