La designación de Batet, que deberá ser ratificada en la junta prevista para finales de año, se enmarca en el cumplimiento del Código de Buenas Prácticas de Gobierno Corporativo y en la voluntad de Sateliot de fortalecer los criterios de independencia, transparencia y rigor institucional en la toma de decisiones estratégicas.
La compañía se encuentra en una fase de crecimiento acelerado, con hitos tecnológicos relevantes y un papel creciente en el ecosistema europeo de telecomunicaciones avanzadas.
De ministra a consejera
Meritxell Batet (Barcelona, 1973) es una figura ampliamente conocida en el ámbito político español. Licenciada en Derecho por la Universitat Pompeu Fabra, donde ejerció como profesora de Derecho Constitucional, ha desarrollado su trayectoria profesional ligada al PSOE, ocupando diferentes posiciones durante estos años: fue ministra de Política Territorial y Función Pública entre 2018 y 2019 y, posteriormente, presidenta del Congreso de los Diputados desde 2019 hasta 2023. Además, compartirá el sillón en Sateliot con el que ya ocupa en Ebro Foods, otra participada del Gobierno donde actúa como consejera independiente.
Desde la perspectiva de Sateliot, su incorporación aporta un perfil con conocimiento profundo del entorno regulatorio, capacidad de interlocución público-privada y visión institucional, aspectos especialmente relevantes para una empresa tecnológica que opera en un ámbito altamente regulado como el de las telecomunicaciones y el espacio. La compañía considera que este bagaje resulta clave para acompañar su proceso de expansión internacional y su relación con administraciones y organismos públicos.
El refuerzo del consejo se produce en paralelo al incremento del peso institucional del Estado en el accionariado de Sateliot. En marzo de este año, la compañía cerró una ronda de financiación Serie B de 70 millones de euros, en la que la SETT invirtió 13,8 millones de euros, lo que le otorgó una participación del 16,3% del capital. A esta presencia se suma la participación de Sepides, con un 2,4%, lo que eleva la participación pública directa hasta el 18,7%.
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