Telefónica se ha adjudicado el contrato de mantenimiento, actualización y gestión de licencias de la plataforma de telefonía IP del Senado por más de 96 mil euros.
El contrato, publicado en el Boletín Oficial del Estado, cubre la infraestructura de comunicaciones de la Cámara Alta en su sede de Madrid y tiene como objetivo garantizar la operatividad del sistema de voz sobre IP, que constituye la base de las comunicaciones internas de la institución.
Telefónica asumirá así el mantenimiento integral de la plataforma, la renovación de licencias y la actualización tecnológica del sistema. Asimismo, el servicio incluye soporte técnico especializado y asistencia in situ para la resolución de incidencias.
Este tipo de contratos resulta clave para asegurar la continuidad de sistemas críticos de comunicación, especialmente en entornos institucionales donde la disponibilidad y la estabilidad del servicio son prioritarias. Además, la actualización de la plataforma permite adaptar la infraestructura a nuevos requisitos operativos y tecnológicos. En este sentido, la telefonía IP se consolida como un elemento estructural en la digitalización de las administraciones públicas, al integrar servicios de voz y datos sobre redes IP y facilitar su gestión centralizada.
Duración y claves del contrato
El contrato tiene una duración inicial de un año, con entrada en vigor inmediata y fecha de finalización prevista para el 31 de marzo de 2027, por una cuantía total de 96.256,82 euros. No obstante, contempla una posible prórroga de un año adicional, siempre que se acuerde con al menos dos meses de antelación.
En cualquier caso, la duración total no podrá superar los dos años, lo que permite ajustar periódicamente el servicio a la evolución tecnológica y a las necesidades operativas del Senado. El proceso de adjudicación ha contado con una única oferta, presentada por Telefónica, que ha resultado adjudicataria del contrato.
De este modo, la adjudicación refuerza el papel de Telefónica como proveedor de infraestructuras de telecomunicaciones en el sector público, en un contexto donde la actualización continua de redes IP y la gestión de servicios críticos siguen siendo prioritarias para las administraciones.
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