La intervención de Bruselas introduce incertidumbre sobre los plazos y evidencia, una vez más, la distancia entre el discurso político favorable a las fusiones y la práctica regulatoria.
La operación, valorada en 4.300 millones de euros por el 50% del capital, se acordó a finales de la semana pasada tras la aceptación de la oferta vinculante por parte de los fondos KKR, Cinven y Providence, junto a otros accionistas minoritarios agrupados en la sociedad Lorca JVCo. El acuerdo se cerró formalmente en Londres y se ha completado esta semana en París, donde se han ultimado los detalles con Orange, cuyo principal accionista es el Estado francés.
En su último comunicado, Orange confía en que esta transacción se complete durante el primer semestre de 2026, sujeta a las aprobaciones regulatorias habituales y otras condiciones de finalización.
Un control inesperado a escala europea
Las partes daban por hecho que la compraventa solo requeriría el visto bueno de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), al no suponer un incremento de cuota de mercado ni una reducción adicional del número de operadores en España. Sin embargo, fuentes financieras confirman que la Comisión Europea ha solicitado abrir un expediente para evaluar el impacto de la transacción desde una perspectiva comunitaria, lo que prolongará el proceso varios meses.
Este movimiento ha sorprendido a los protagonistas de la operación y reaviva el debate sobre la política de competencia en el sector telco. Desde hace años, los grandes operadores europeos reclaman mayor flexibilidad para ganar tamaño y capacidad de inversión frente a competidores de Estados Unidos y Asia. No obstante, el caso MasOrange demuestra que Bruselas mantiene una interpretación estricta de las normas, incluso cuando no se producen cambios aparentes en el equilibrio del mercado nacional.
La ampliación de los plazos afecta de forma directa a los incentivos económicos vinculados a la operación
El retraso no es solo un asunto técnico. La ampliación de los plazos afecta de forma directa a los incentivos económicos vinculados a la operación. Parte del equipo directivo de MasOrange tenía previsto materializar el cobro de los bonus asociados a la venta y, posteriormente, replantear su continuidad en la compañía. Con la operación bajo escrutinio europeo, esos planes quedan en suspenso.
La estructura de incentivos de MasOrange combina dos esquemas diferenciados. Por un lado, un plan accionarial reservado a la alta dirección, heredado en gran parte de la etapa de MásMóvil, que concentra varios cientos de millones de euros en valor potencial. Por otro, un plan de incentivos en efectivo aprobado este mismo año, cercano a los 100 millones de euros, destinado a una base amplia de empleados y del que el consejero delegado, Meinrad Spenger, decidió excluirse voluntariamente.
En el accionariado de MasOrange, los fondos internacionales mantienen un peso determinante. Providence, KKR y Cinven controlan conjuntamente algo más del 40% del capital, lo que les convierte en los grandes beneficiarios de la operación. A ellos se suman participaciones relevantes de inversores históricos y de la propia cúpula directiva. La venta del 50% al grupo francés permitirá a estos fondos materializar importantes plusvalías tras su entrada en el capital de MásMóvil en 2020.
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