La nueva norma incluye reformas para dotar de más recursos, derechos y oportunidades al personal investigador para que puedan lograr una carrera profesional pública más estable en el ámbito de la I+D+i. La reforma pasará ahora al trámite parlamentario y se espera que se pueda aprobar este mismo año en el Congreso.
Objetivo: 1,25% del PIB en 2030
El objetivo más importante de la nueva Ley es aumentar de manera regular la inversión pública en I+D+i, siguiendo el Pacto de la Ciencia y la Innovación, para alcanzar el 1,25% del PIB en 2030.
Asimismo, se busca dignificar las condiciones de trabajo de los investigadores, reducir los trámites burocráticos de la gestión de la I+D+i y garantizar una financiación pública creciente y estable en I+D+i.
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Frenar la fuga de cerebros
La nueva Ley de Ciencia hace un especial hincapié en introducir reformas en la carrera científica para reducir la precariedad, dar estabilidad a los investigadores y atraer el talento de fuera, al mismo tiempo que se busca frenar la conocida como ‘fuga de cerebros’ que ha provocado que entre 2011 y 2016 se perdieran más de 5.000 puestos de investigadores y “un elevado número de personas se vieron obligadas a establecer su carrera fuera de España”, advierten desde La Moncloa.
Para ello, se introduce un nuevo tipo de contrato indefinido vinculado al desarrollo de actividades científico-técnicas para todo tipo de personal de investigación, alineado con la reforma laboral y recogiendo singularidades del sistema.
Se establece un nuevo itinerario posdoctoral para reducir la edad de entrada al sistema y facilitar así la incorporación estable al mismo con un nuevo contrat
Por otro lado, se establece un nuevo itinerario posdoctoral para reducir la edad de entrada al sistema y facilitar así la incorporación estable al mismo con un nuevo contrato de hasta seis años y una evaluación intermedia que conlleva promoción y una evaluación final que permite obtener el nuevo certificado R3, que permite consolidar una plaza de manera permanente al eximir al investigador de las pruebas de acceso, aprovechando la reserva de un mínimo del 25% en las plazas en los organismos públicos de investigación y del 15% en universidades.
Además, se dota de nuevos derechos laborales a los investigadores, entre los que se encuentra una indemnización por finalización de los contratos predoctorales y postdoctorales.
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Menos cargas administrativas
Como parte de la reforma, el Gobierno incorpora novedades para reducir las cargas administrativas del sector de I+D+i. En concreto, en materia de subvenciones públicas, la norma introduce medidas para facilitar el procedimiento de concesión de ayudas. Además, las administraciones públicas podrán conceder directamente subvenciones a proyectos que ya hayan sido evaluados de manera positiva por otros agentes públicos.
Se regula también la compra pública de innovación y el permiso de las administraciones públicas de invertir en sociedades mercantiles con el objetivo de que el sector público sea un agente emprendedor que invierta y estimule la inversión privada en I+D+i.
Agencia Espacial Española
Como parte de la Ley, se incluye la creación de la Agencia Espacial Española, con un componente puesto en la seguridad nacional para dirigir los esfuerzos en materia espacial, coordinar los organismos nacionales con responsabilidades en el sector espacial y unificar la colaboración y coordinación internacional.
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