Según el nuevo auto dictado hoy, Pedraz explica que “a raíz de la publicación en medios de todo tipo del acuerdo de suspensión se constata un hecho notorio que este instructor no puede ignorar: la posible afectación de múltiples usuarios ante una eventual suspensión”.
Asimismo, señalan en el texto el impacto económico del cierre de la aplicación que acarreará costes para empresas y sociedades que desarrollan buena parte de su actividad comunicativa mediante este canal.
El movimiento se produce después de que la Comisaría General de Información sobre la naturaleza de Telegram y la incidencia que tendría la medida cautelar del bloqueo.
El juez asegura así que, sin perjuicio de que es sabido que Telegram se utiliza para actividades delictivas, son más los usuarios de todo tipo que utilizan Telegram al bridarles unos beneficios que otras plataformas no dan.
Asimismo, el juez reconoce en su nuevo auto que la medida no es “idónea” ya que los usuarios podrán emplear proxies y VPN que permiten ocultar la ubicación real del equipo y simular que la petición venga desde fuera de España, lo que les permitirá acceder a Telegram y seguir consumiendo y publicando contenidos.
El magistrado carga en su auto contra las autoridades de Islas Vírgenes, donde está domiciliada Telegram acusándoles de “falta de colaboración” desde el mes de julio del año pasado, cuando se realizó el primer intento de colaboración.
A pesar de ello, el juez recuerda que la decisión no buscaba tratar la libertad de expresión o información, "sino si la medida es o no proporcional. Y lo que se constata, por lo dicho y después de dictar el auto, es que la medida sería excesiva y no proporcional".
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