La resolución, dictada el 21 de octubre de 2026, se enmarca en la investigación judicial que comenzó a raíz del escándalo de Cambridge Analytica. La consultora británica accedió indebidamente a información de millones de cuentas de Facebook, que posteriormente se utilizó para elaborar perfiles y dirigir mensajes políticos durante la campaña presidencial estadounidense de 2016.
Casi 44 millones de infracciones de la legislación de consumidores
El origen inmediato de la sanción está en el veredicto emitido en septiembre por un jurado de Santa Fe, los miembros del jurado consideraron que Facebook había vulnerado en 43.899.725 ocasiones la Ley de Prácticas Desleales de Nuevo México, conocida como Unfair Practices Act, a través de declaraciones engañosas relacionadas con el tratamiento de la información personal y otras prácticas de funcionamiento de la plataforma.
El número de infracciones no debe confundirse con el de cuentas comprometidas en el escándalo de Cambridge Analytica, la cifra procede de la forma en que la acusación y el jurado contabilizaron la exposición de los consumidores a múltiples afirmaciones consideradas engañosas. La investigación examinó, entre otras cuestiones, las declaraciones de Facebook sobre quién podía acceder a los datos, qué control tenían los usuarios sobre su información y cómo la empresa gestionaba determinados contenidos.
La fiscalía estatal, encabezada por Raúl Torrez, defendió que no se trataba de episodios aislados, sino de afirmaciones que se repitieron durante años y afectaron a un público muy amplio. La decisión judicial posterior ha establecido las consecuencias económicas de ese veredicto, con una sanción civil que se encuentra entre las mayores impuestas a una compañía por un estado estadounidense.
Por qué el juez ha fijado la multa en 25.000 millones de dólares
La legislación de Nuevo México contempla sanciones de hasta 5.000 dólares por infracción de las normas de protección al consumidor, aplicada al conjunto de las vulneraciones recogidas por el jurado, la cuantía teórica podía superar los 219.000 millones de dólares. El juez Francis Mathew ha reducido finalmente la cifra hasta 25.000 millones.
En el proceso para determinar el importe, los abogados del estado reclamaban una sanción de entre 35.000 y 40.000 millones de dólares, Meta, por el contrario, defendió que una cantidad superior a aproximadamente 3.450 millones sería desproporcionada y podría vulnerar garantías constitucionales. El tribunal optó por una cantidad situada entre ambas posiciones. La resolución también prevé intereses, cifrados en un 15% anual mientras la sanción permanezca pendiente de pago, según la información publicada sobre la decisión judicial.
El fiscal general Raúl Torrez ha presentado el fallo como un mensaje dirigido a las grandes plataformas tecnológicas sobre su responsabilidad frente a los consumidores, en virtud de la normativa estatal, el dinero que llegue a recaudarse se destinará al sistema educativo de Nuevo México. Ese destino presupuestario dependerá, por tanto, del resultado final de la disputa judicial y de su ejecución.
El caso remite a uno de los episodios que más dañaron la confianza en Facebook, Cambridge Analytica obtuvo, a través de una aplicación de terceros, información procedente de hasta 87 millones de usuarios sin que estos hubieran consentido ese uso de sus datos. La controversia se hizo pública en 2018, aunque las prácticas examinadas estaban relacionadas con operaciones realizadas años antes.
La consultora trabajó para la campaña electoral de Donald Trump en 2016 y utilizó datos para desarrollar técnicas de segmentación de mensajes, la participación de Cambridge Analytica es el contexto de origen del litigio, pero la demanda de Nuevo México no se limita a investigar una campaña política: se centra en las obligaciones de Facebook hacia los consumidores y en la veracidad de sus declaraciones sobre privacidad, acceso de terceros y moderación de contenidos.
Nuevo México presentó su demanda en 2021 y decidió mantener un procedimiento independiente en lugar de resolver sus reclamaciones mediante los acuerdos alcanzados por otros estados con la empresa, no es la primera vez que el escándalo genera consecuencias económicas para Meta. En 2019, la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos anunció un acuerdo de 5.000 millones de dólares por cuestiones relacionadas con la privacidad de Facebook.
Meta recurrirá y cuestiona la forma de calcular las infracciones
La empresa discrepa tanto de la atribución de responsabilidad como del importe de la sanción, sus abogados argumentan que las afirmaciones examinadas no permiten concluir que cada residente de Nuevo México resultara engañado o perjudicado, y consideran que el cálculo de las infracciones amplía de forma indebida el alcance de la legislación de consumidores.
La defensa también sostiene que Meta ha modificado sus políticas y herramientas de protección desde que comenzó el procedimiento, según las declaraciones recogidas por Associated Press, la empresa asegura haber reforzado sus prácticas de moderación y control de contenidos. Meta ha anunciado su intención de apelar, lo que introduce un elemento esencial para interpretar la noticia, existe una orden judicial que fija una sanción de 25.000 millones de dólares, pero el importe todavía puede ser objeto de revisión por instancias superiores.
El litigio muestra también que las investigaciones sobre prácticas históricas pueden prolongarse durante años y acabar generando responsabilidades económicas muy superiores a las sanciones inicialmente asociadas a un escándalo. En este caso, el proceso iniciado en 2021 ha desembocado en una resolución cinco años después, sobre hechos que adquirieron notoriedad pública en 2018.
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