El Gobierno de España ha implementado un nuevo marco legal que obligará a los influencers a registrarse y cumplir normativas en materia de publicidad y protección de menores.
El Gobierno de España ha implementado un nuevo marco legal que afectará directamente a los influencers que operan dentro del territorio. Esta regulación, establecida mediante un Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros y propuesto por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, busca integrar a los creadores de contenido en la Ley General de Comunicación Audiovisual de 2022, ofreciendo así una mayor protección al consumidor y una estructura más clara para la operación de estas figuras en plataformas digitales.
Con este nuevo decreto, se define a los “usuarios de especial relevancia” —o influencers— basándose en criterios económicos y de audiencia. Aquellos que generen ingresos anuales superiores a 300.000 euros y que acumulen más de un millón de seguidores en una única plataforma de intercambio de videos, o dos millones en total, tendrán que registrarse en el Registro Estatal de Prestadores Audiovisuales.
Deberán adherirse a normativas estrictas en materia de publicidad y protección de menores
Además, deberán adherirse a normativas estrictas en materia de publicidad y protección de menores, tales como la clara identificación de contenidos publicitarios y la prohibición de promover productos como tabaco, alcohol y medicamentos.
Este ajuste normativo no solo coloca a España a la vanguardia de la regulación de la economía digital en Europa, sino que también estipula un marco de actuación claro para aquellos influencers que juegan un rol significativo en la orientación de consumo a través de sus plataformas.
La inscripción en el registro deberá realizarse en un plazo máximo de dos meses desde la entrada en vigor del decreto, periodo tras el cual estos influencers estarán sujetos a las mismas responsabilidades regulatorias que otros medios de comunicación tradicionales.
El impacto de esta regulación es considerable, dado que homogeneiza el tratamiento de los contenidos digitales con los audiovisuales tradicionales, asegurando que todos los actores del sector cumplan con un estándar de transparencia y responsabilidad ante su audiencia y la ley. Esto se traduce en un entorno digital más seguro y justo para los usuarios, especialmente los menores de edad, y establece un precedente legal que podría influir en futuras regulaciones a nivel global.
Además, el decreto implica que los influencers deberán demostrar una transparencia total en sus interacciones comerciales y en la gestión de contenido que podría afectar psicológicamente a los menores, asegurando así el cumplimiento de las futuras disposiciones de la ley de protección integral de los menores que está preparando el gobierno.
Este paso por parte de España, que sigue a iniciativas similares en Francia, no solo refuerza las bases para un ecosistema digital más ético y regulado, sino que también responde a las crecientes preocupaciones sobre el impacto de los influencers en las decisiones de consumo y en la formación de opinión pública entre la población más joven.
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