Meta ha confirmado que no firmará el nuevo código de buenas prácticas promovido por la Unión Europea (UE) para regular el desarrollo y uso de modelos avanzados de inteligencia artificial, al considerar que introduce “incertidumbre legal” y excede los límites marcados por la propia legislación europea.
Así lo ha expresado Joel Kaplan, responsable de asuntos globales de la compañía, a través de una publicación en LinkedIn en la que critica duramente la propuesta. “Europa está siguiendo el camino equivocado en materia de inteligencia artificial”, afirmó Kaplan, quien señaló que el código “incluye medidas que van mucho más allá del alcance del AI Act”, la normativa comunitaria que regula el uso de sistemas de inteligencia artificial en el mercado europeo.
Un marco voluntario, pero controvertido
El código de práctica, presentado este mes, forma parte del esfuerzo de la UE por anticipar la entrada en vigor progresiva de su Ley de Inteligencia Artificial (AI Act). Aunque no es vinculante, su finalidad es proporcionar directrices a las empresas tecnológicas para que adapten sus procesos internos a las futuras exigencias legales, incluyendo obligaciones de transparencia, protección de derechos de autor y documentación técnica sobre las características de los modelos desarrollados.
La adhesión al código voluntario se perfila como una forma de ganar protección legal frente a posibles sanciones, dado que las empresas que lo suscriben podrán demostrar que han actuado de buena fe para cumplir con la normativa. Sin embargo, Meta ha cuestionado tanto el fondo como la forma de esta iniciativa, desmarcándose de un grupo que incluye a grandes firmas europeas como Airbus, ASML o Mistral AI, algunas de las cuales también han mostrado reservas respecto a la implementación del AI Act.
Tensiones entre Bruselas y Silicon Valley
La negativa de Meta a firmar el código se enmarca en un contexto de creciente tensión entre las autoridades europeas y las grandes tecnológicas estadounidenses, que ven en las nuevas regulaciones del bloque un intento por restringir su influencia. Esta fricción ya se había manifestado anteriormente en relación con las normativas de protección de datos (como el RGPD) o la Ley de Mercados Digitales (DMA), y vuelve a cobrar fuerza con la regulación de la inteligencia artificial.
La principal crítica apunta a que la normativa europea podría poner en desventaja a las compañías estadounidenses frente a competidores de otras regiones con marcos regulatorios más laxos
De hecho, la Administración Trump se dirigió a Bruselas en abril para expresar su oposición al código de buenas prácticas, antes incluso de que se completara su redacción final. La principal crítica apunta a que la normativa europea podría poner en desventaja a las compañías estadounidenses frente a competidores de otras regiones con marcos regulatorios más laxos.
Varios actores de la industria tecnológica europea también han manifestado su preocupación por el impacto del AI Act sobre la competitividad e innovación. En una carta abierta publicada este mismo mes, empresas como ASML, Mistral AI y Airbus solicitaron a la Comisión Europea que se posponga la aplicación de la normativa durante al menos dos años, para permitir un ajuste más progresivo a las exigencias legales.
La Ley de Inteligencia Artificial contempla sanciones de hasta el 7% de la facturación anual global de las empresas que infrinjan sus disposiciones, o del 3% en el caso específico de los desarrolladores de modelos avanzados de IA. Aunque el código de buenas prácticas aún debe recibir la aprobación formal de la Comisión Europea y los Estados miembro, su contenido está elaborado por grupos de trabajo en los que han participado empresas tecnológicas, académicos y organizaciones de defensa de derechos digitales.
Por ahora, las primeras obligaciones para los sistemas de propósito general, como los modelos generativos tipo ChatGPT, entrarán en vigor el próximo mes, marcando el inicio de una etapa clave en la supervisión del desarrollo de inteligencia artificial en Europa.
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