El Gobierno ruso ha dado un nuevo paso en la consolidación de su estrategia de control sobre el entorno digital. La Cámara Alta del Parlamento ha aprobado un proyecto de ley que sanciona las búsquedas deliberadas de contenido considerado “extremista” en internet.
La medida, que ya había sido validada por la Duma estatal, está ahora a la espera de la firma del presidente Vladímir Putin para entrar en vigor a partir de septiembre.
Según el texto aprobado, realizar búsquedas intencionadas de información catalogada como extremista, incluso si se accede a través de herramientas de elusión como redes privadas virtuales (VPN), podrá acarrear multas de entre 3.000 y 5.000 rublos, es decir, entre 33 y 64 dólares. La legislación también introduce sanciones por promocionar o publicitar servicios de VPN, con multas que oscilan entre 555 y 5.550 dólares, dependiendo de si se trata de personas físicas o jurídicas.
Amplia definición de contenido prohibido
Uno de los aspectos más controvertidos de la nueva legislación es la ambigüedad en la definición de “material extremista”. Esta puede referirse tanto a sitios incluidos en el listado oficial del Ministerio de Justicia, que ya supera los 5.000 recursos web bloqueados, como a contenidos que se consideren peligrosos en virtud de la Ley Federal sobre la Lucha contra la Actividad Extremista. Esta última tipificación incluye desde el uso de símbolos de organizaciones prohibidas hasta publicaciones que justifiquen acciones consideradas extremistas.
En la práctica, esto significa que pueden ser penalizadas búsquedas relacionadas con grupos disidentes, como la Fundación Anticorrupción del fallecido opositor Alexei Navalny, o incluso colectivos como el denominado “movimiento público internacional LGBT”, clasificado como extremista por las autoridades rusas. El margen de interpretación de lo que constituye una actividad extremista es amplio, lo que abre la puerta a un uso discrecional y represivo de la norma.
Vigilancia sobre el uso de VPN y SIM compartidas
El nuevo marco normativo también refuerza la vigilancia sobre el uso de herramientas para sortear la censura estatal. Aunque utilizar un VPN no es ilegal per se, el uso de este tipo de servicios en la comisión de delitos pasará a ser considerado un agravante, lo que puede aumentar la severidad de las penas.
Además, el proyecto incluye disposiciones que prohíben compartir tarjetas SIM o cuentas en línea entre varias personas, una medida orientada a reforzar la trazabilidad digital y dificultar el anonimato en el acceso a información online. Estas iniciativas se suman a los esfuerzos previos del regulador de telecomunicaciones ruso, que ha intensificado el bloqueo de protocolos VPN mediante tecnología de inspección profunda de paquetes (DPI).
Una represión digital al alza tras la invasión de Ucrania
Desde el inicio de la invasión de Ucrania en febrero de 2022, las autoridades rusas han incrementado las medidas de censura y represión contra la disidencia. En el ámbito digital, se han bloqueado plataformas internacionales, clausurado medios de comunicación independientes y procesado a usuarios por comentarios en redes sociales. A día de hoy, más de 56.000 recursos digitales están bloqueados por no eliminar contenido clasificado como extremista, según los datos oficiales.
Las autoridades defienden que las medidas están dirigidas únicamente a quienes buscan de forma sistemática materiales prohibidos
La nueva ley representa un paso más en la consolidación de un entorno digital fuertemente vigilado, en el que acceder a información independiente se convierte en una actividad de riesgo. Aunque las autoridades aseguran que las medidas están dirigidas únicamente a quienes buscan de forma sistemática materiales prohibidos, no se ha detallado cómo se distinguirá a estos usuarios del resto de internautas.
La criminalización del uso de servicios VPN o la simple búsqueda de información no autorizada puede disuadir a los ciudadanos rusos de acceder a contenidos no alineados con la narrativa oficial, afectando tanto al derecho a la información como a la libertad de expresión.
Organizaciones defensoras de los derechos digitales han alertado ya de que esta legislación puede equivaler a una criminalización indirecta de la lectura, al limitar severamente el acceso a fuentes informativas no controladas por el Estado.
Foto: Depostiphotos
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