Cada vez más populares entre famosos y ciudadanos, los dispositivos inteligentes como smartwatches, gafas y anillos conectados forman parte del día a día de millones de personas. Según las previsiones, en 2025 casi 5 millones de españoles llevarán un reloj inteligente. Sin embargo, un análisis de la empresa de ciberseguridad Surfshark advierte de que esta comodidad puede tener un precio alto: la cesión masiva de datos personales.
El estudio examinó las aplicaciones asociadas a estos dispositivos y reveló que los relojes inteligentes encabezan la lista en recopilación de información, con una media de 11 tipos de datos distintos por aplicación, frente a los 9 de las gafas y los 6 de los anillos inteligentes. Aunque parte de esta información es necesaria para su funcionamiento, también puede destinarse a publicidad dirigida o compartirse con terceros.
En la categoría de gafas inteligentes, Meta AI y Solos AirGo reconocen que usan datos para publicidad, con una diferencia notable: Solos AirGo emplea un único tipo de dato, mientras que Meta AI llega a 24 tipos, que incluyen ubicación, contactos, datos financieros, historial de búsqueda o navegación. En el caso de los anillos, Ultrahuman recopila direcciones de correo electrónico, identificadores y datos publicitarios. Entre los relojes, CMF Watch y CASIO WATCHES también admiten el uso de información para seguimiento.
Para Luís Costa, jefe de investigación de Surfshark, los usuarios deberían preguntarse por qué una aplicación necesita ciertos datos, ya que estos dispositivos pueden convertirse en herramientas de vigilancia. El uso simultáneo de varios wearables, sumado a la integración creciente de la inteligencia artificial, eleva el riesgo para datos sensibles como la información biométrica.
Costa recomienda leer detenidamente las políticas de privacidad para saber quién accede a la información y con qué fin, evitando filtraciones o usos indebidos. Sin embargo, advierte que la complejidad de estos textos genera “fatiga de la privacidad”, un problema que se agrava al comprobar que algunas políticas superan las 12.000 palabras.
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