El Gobierno español ha iniciado una ronda de contactos con potenciales inversores internacionales para atraer capital privado y capacidades tecnológicas avanzadas al país a través de la Sociedad Estatal para la Transformación Tecnológica (SETT).
La iniciativa, según fuentes del sector, busca consolidar el papel de España como polo de innovación y tecnología en Europa y reforzar el retorno de las inversiones públicas en el ecosistema digital nacional.
La SETT gestiona actualmente más de 16.000 millones de euros procedentes de tres grandes programas estratégicos: el Perte Chip, con una dotación de 10.750 millones de euros; el Spain Audiovisual Hub, con 1.712 millones; y el Next Tech, que dispone de 4.000 millones de euros para coinversión en empresas emergentes y proyectos de alta tecnología. De estos, el fondo Next Tech será la principal herramienta para canalizar futuras colaboraciones internacionales.
Apertura al capital extranjero
Hasta ahora, las inversiones de la SETT se habían concentrado en el ámbito nacional, con participaciones en empresas tecnológicas como Sparc (17,2 millones de euros), Quantix Edge (19,6 millones) o Multiverse Computing (67 millones), entre otras, todas con base en España. Sin embargo, el Ejecutivo ha decidido ampliar su radio de acción con un enfoque internacional que priorice la entrada de inversores estratégicos, especialmente del mercado asiático, y el desarrollo conjunto de capacidades tecnológicas disruptivas.
Según avanza Europa Press, estas operaciones no se articularían mediante participaciones directas en empresas extranjeras, ya que los estatutos de la SETT limitan esa posibilidad a compañías radicadas en España o con un “interés nacional claro”, es decir, aquellas que establezcan centros de producción, diseño o innovación en territorio español. En su lugar, el Gobierno estudia fórmulas alternativas como vehículos de inversión o joint ventures con inversores foráneos, lo que permitiría canalizar capital extranjero hacia sectores estratégicos sin vulnerar la normativa vigente.
El marco jurídico de la SETT establece que los vehículos de inversión deben constituirse en países miembros de la Unión Europea o de la OCDE, lo que limita las posibilidades de participación directa de mercados extracomunitarios. Por ello, el tipo de colaboración que se plantea estaría vinculado exclusivamente al programa Next Tech, diseñado para impulsar la coinversión público-privada en proyectos deep tech y de alto impacto económico.
Ni el Perte Chip, centrado en la producción de semiconductores, ni el Spain Audiovisual Hub, enfocado en la internacionalización del sector audiovisual, permiten este tipo de operaciones a través de vehículos financieros. No obstante, el interés del Gobierno se orienta hacia tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial, la ciberseguridad o la computación cuántica, donde la colaboración con inversores globales puede acelerar el desarrollo de ecosistemas industriales avanzados en España.
Preparación para una nueva fase
La SETT, que cumplió su primer año de funcionamiento en julio, se encuentra en plena fase de expansión y profesionalización de su estructura. Como parte de este proceso, ha adjudicado un acuerdo marco a los despachos de abogados Auren, Gómez-Acebo & Pombo, Garrigues y Ramón y Cajal, que prestarán asesoramiento jurídico especializado para las operaciones vinculadas al Perte Chip, Next Tech y Spain Audiovisual Hub. Esta homologación, en virtud de la Ley de Contratos del Sector Público, permitirá agilizar los trámites legales y reforzar la capacidad operativa del organismo.
El nuevo impulso de la SETT llega además tras las advertencias de la Comisión Europea en su Informe del Estado de la Década Digital 2025, en el que instaba a España a “acelerar los esfuerzos para asignar fondos públicos” del Perte Chip. Bruselas había señalado las dificultades del país para desplegar a tiempo los recursos destinados a la industria de los semiconductores, un sector considerado estratégico para la soberanía tecnológica europea.
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