La Comisión Europea sopesa retrasar la aplicación de algunos apartados de la Ley de Inteligencia Artificial (AI Act), su normativa estrella en materia digital, tras las presiones ejercidas por grandes compañías tecnológicas y por el Gobierno de Estados Unidos, según adelanta Financial Times.
La decisión supondría un giro relevante en la estrategia regulatoria de la Unión Europea, que había defendido hasta ahora la entrada en vigor progresiva de la ley sin excepciones. Adoptada en 2024 y en vigor desde agosto de ese año, la normativa establece diferentes fases de aplicación que se extenderán durante los próximos años, con especial énfasis en los sistemas de IA de alto riesgo y los modelos de propósito general.
Presión diplomática y económica
Fuentes comunitarias citadas por el diario británico señalan que Bruselas mantiene contactos con la Administración Trump para “ajustar” algunos elementos de la regulación y facilitar la cooperación tecnológica transatlántica. Washington habría advertido de que un marco regulatorio demasiado restrictivo podría agravar las tensiones comerciales y dificultar la competitividad de las empresas europeas frente a las estadounidenses y chinas.
Gigantes tecnológicos como Meta, Alphabet y Microsoft han intensificado en los últimos meses su presión sobre Bruselas, reclamando una pausa en la aplicación de determinadas obligaciones. Argumentan que la regulación actual podría limitar la innovación en modelos generativos, especialmente en un momento en que el sector atraviesa un crecimiento sin precedentes.
Se analizan “opciones para posponer la implementación de partes específicas” con el fin de garantizar una transición más ordenada
Pese a las presiones, portavoces comunitarios insisten en que el bloque “sigue plenamente comprometido con los objetivos del AI Act”. Sin embargo, reconocen que se analizan “opciones para posponer la implementación de partes específicas” con el fin de garantizar una transición más ordenada.
En julio, la Comisión había rechazado oficialmente cualquier moratoria, asegurando que la legislación se desplegaría “conforme al calendario legal previsto”. El nuevo debate interno refleja la complejidad de aplicar una regulación pionera en un entorno global en el que los estándares aún no están armonizados.
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