El presidente del Gobierno ha presentado en el World Governments Summit de Dubái un paquete de cinco medidas para reforzar la regulación de las plataformas digitales y limitar sus abusos.
El Gobierno de España ha anunciado un giro relevante en su enfoque regulatorio sobre las plataformas digitales. Durante su intervención en Dubái, el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha avanzado una batería de medidas legislativas y regulatorias destinadas a reforzar el control sobre las grandes redes sociales, con especial atención a la protección de los menores y a la responsabilidad directa de las compañías tecnológicas.
En este sentido, Sánchez ha afirmado que “las redes sociales se han convertido en un Estado fallido, en el que los algoritmos distorsionan el debate público y donde se distorsionan nuestros datos y nuestras imágenes”, una declaración que resume el tono crítico del Ejecutivo hacia el actual modelo de funcionamiento de estas plataformas.
Según ha explicado el presidente, el objetivo del Gobierno pasa por convertir las redes sociales en un espacio protegido y compatible con los principios democráticos. En este sentido, ha anunciado un paquete de cinco medidas que pretende abordar de forma estructural los abusos detectados en el ecosistema digital, tanto en el plano tecnológico como en el legal.
Además, Sánchez ha subrayado que la acción del Ejecutivo no se limitará al ámbito nacional. España se ha sumado a la denominada Coalición de los Dispuestos Digitales, junto a otros cinco países europeos, con el fin de avanzar de manera coordinada en una regulación más estricta, rápida y eficaz de las plataformas sociales a escala multinacional.
Las medidas clave
La primera de las medidas anunciadas busca poner fin a la impunidad de los responsables corporativos. El Gobierno propone que los directivos de las plataformas digitales respondan legalmente por las infracciones que se cometan en los servicios bajo su responsabilidad. De este modo, la normativa dejaría de centrarse únicamente en las empresas como entidades jurídicas y pasaría a señalar de forma directa a quienes toman las decisiones estratégicas.
Asimismo, el Ejecutivo plantea la tipificación como delito de la manipulación de los algoritmos y de la amplificación deliberada de contenido ilegal. Esta iniciativa sitúa el foco en el funcionamiento interno de las plataformas, especialmente en los sistemas automatizados que determinan la visibilidad de mensajes y contenidos. En este sentido, el Gobierno considera que el diseño algorítmico puede convertirse en un vector de daño social cuando prioriza el odio o la desinformación.
Una de las medidas con mayor impacto social es la prohibición del acceso a redes sociales a menores de 16 años en España. Según ha anunciado Sánchez, esta restricción obligará a las plataformas digitales a implementar sistemas efectivos de verificación de edad. De este modo, el Gobierno pretende reforzar la protección de la infancia y la adolescencia frente a dinámicas de exposición temprana a contenidos nocivos.
El cuarto eje del plan pasa por la creación de un sistema de rastreo, cuantificación y trazabilidad que permita establecer una denominada Huella de Odio y Polarización. Esta herramienta serviría para medir la propagación de discursos extremos y su impacto en el debate público. Además, facilitaría el análisis de patrones de comportamiento dentro de las plataformas, un aspecto clave para futuras acciones regulatorias.
Por último, Sánchez ha señalado que el Gobierno abordará junto a la fiscalía las vías para investigar posibles infracciones legales de plataformas concretas como Grok, TikTok e Instagram. Esta línea de actuación refuerza el mensaje de que la supervisión no será abstracta y se centrará en servicios con gran penetración y capacidad de influencia.
España se suma a una red internacional cada vez más grande
La iniciativa anunciada en España se enmarca en una tendencia regulatoria internacional cada vez más amplia. En los últimos años, distintos gobiernos han comenzado a elevar la edad mínima de acceso a redes sociales o a imponer restricciones técnicas y legales más severas, especialmente en lo relativo a la protección de menores y al control de los algoritmos.
El caso más avanzado es el de Australia, donde la edad mínima de 16 años ya se encuentra vigente sin excepciones parentales y con un régimen sancionador que contempla multas millonarias para las plataformas. En Asia, Malasia y China han optado por modelos basados en verificación de identidad digital y limitaciones de uso, mientras que Corea del Sur ha reforzado un sistema de restricciones horarias inspirado en su legislación previa sobre videojuegos.
En Europa, el enfoque es heterogéneo. Francia ya ha aprobado una edad mínima de 15 años con consentimiento parental, con entrada en vigor prevista para este mismo año, mientras que Dinamarca y Noruega están tramitando sus reformas para elevar los límites actuales. Asimismo, Italia y Bélgica estudian vincular el acceso a sistemas de identidad electrónica, una vía de carácter más técnico que también aparece en los debates de Portugal y Grecia. Fuera de la Unión Europea, Reino Unido y Brasil mantienen el debate abierto, mientras que Canadá y Nueva Zelanda observan la experiencia australiana antes de avanzar.
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