Hay palabras que suenan bien en un atril y mal en la realidad: soberanía tecnológica es una de ellas. Repetida hasta la saciedad desde el Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública, funciona como eslogan, pero empieza a fallar como diagnóstico.
Mientras España afronta una crisis estructural en su competitividad tecnológica, el despacho del ministro Óscar López parece más ocupado del calendario electoral que en ejercer como centro de mando de una estrategia digital seria, sostenida y técnica.
"La gestión del Ministerio para la Transformación Digital empieza a parecer más un ejercicio de comunicación política que una estrategia tecnológica de país"
Hay ministros que gobiernan con presupuestos, otros con decretos y algunos con titulares. El problema aparece cuando la distancia entre el relato y la realidad se vuelve estructural. En el caso de Óscar López, la gestión del Ministerio para la Transformación Digital (y de la Función Pública) empieza a parecer más un ejercicio de comunicación política que una estrategia tecnológica de país. Mientras el discurso se llena de conceptos como soberanía digital o liderazgo europeo, la ejecución se atasca y el sector tecnológico español sigue esperando resultados tangibles.
España atraviesa un momento clave en la reconfiguración del mapa tecnológico global, con decisiones que condicionarán su competitividad durante décadas. En ese contexto, la sensación dominante en el ecosistema es incómoda: hay agenda política, pero falta dirección, y esa ausencia tiene un coste real.
ALIA, cuando el buque insignia es símbolo del problema
Pocos ejemplos ilustran mejor esta desconexión que ALIA, el gran proyecto público de inteligencia artificial presentado como emblema de la soberanía digital española. La cifra es difícil de maquillar: 10,2 millones de euros de inversión pública con menos de 100 descargas mensuales (en el último mes apenas 84, según las cifras del kit disponible en el repositorio Hugging Face). Sin tracción empresarial, sin adopción relevante y sin impacto internacional. ALIA existe, pero no compite, no escala y, sobre todo, no genera ecosistema.
El problema de ALIA no es solo su bajo uso, es lo que representa. Se anunció como una apuesta estratégica y ha terminado convertido en un producto irrelevante para el mercado. No ha atraído talento, no ha generado colaboración público-privada significativa y no ha servido como palanca para posicionar a España en el debate global sobre IA. Cuando el principal proyecto del Ministerio acaba reducido a una anécdota estadística, el fallo deja de ser técnico y pasa a ser político y estratégico.
PERTE Chip: del PowerPoint a la inacción
El PERTE Chip es otro pilar del discurso ministerial que, hoy en día, sigue sin materializarse en hechos concretos. Tras el fiasco de ALIA, este programa suele aparecer como el gran argumento defensivo del Ministerio. Y, sobre el papel, no es algo menor: más de 12.000 millones de euros comprometidos entre inversión pública y privada para reforzar la posición de España en la cadena de valor de los semiconductores. Nunca antes se había destinado una cifra semejante a este ámbito. El problema es que el balance sigue siendo difícil de explicar sin recurrir a presentaciones y marcos conceptuales.
Es justo reconocer que el PERTE ha permitido cerrar acuerdos parciales relevantes, especialmente en diseño de chips, refuerzo de capacidades existentes, encapsulado avanzado y proyectos de I+D ligados a centros tecnológicos y universidades. Son pasos necesarios y positivos.
Sin embargo, ninguno de ellos resuelve la gran promesa que sostuvo el relato político desde el inicio: atraer una gran instalación industrial que ancle el ecosistema y sitúe a España en el mapa real del silicio europeo. Ese corazón industrial sigue sin aparecer.
"España anuncia bien, pero no está cerrando compromisos firmes en un mercado donde la competencia es feroz y la paciencia, escasa"
El contraste se volvió especialmente evidente con la cancelación del proyecto de fábrica de Broadcom, anunciado desde Moncloa como uno de los grandes hitos del PERTE. Aquella operación se presentó como prueba de credibilidad internacional y terminó diluyéndose sin ningún tipo de explicación clara por parte del Ejecutivo, sin responsables visibles y sin un plan alternativo inmediato. Para el sector, ha sido mucho más que un proyecto frustrado, es una preocupante señal más: España anuncia bien, pero no está cerrando compromisos firmes en un mercado donde la competencia es feroz y la paciencia, escasa.
El problema del PERTE Chip no es el dinero ni la ambición, es la ausencia de una ejecución industrial sostenida, con liderazgo técnico constante y diplomacia tecnológica profesionalizada. Levantar una foundry exige energía competitiva, suelos preparados, seguridad regulatoria, talento especializado y una negociación permanente con los grandes actores globales. Nada de eso se improvisa ni se gestiona desde el ciclo político. Mientras otros países convierten presupuestos en fábricas y fábricas en empleo cualificado, España sigue acumulando anuncios. Y en la industria del silicio, el tiempo perdido no se recupera con eslóganes.
Fondos Next Gen y burocracia estructural
El despliegue de los fondos Next Generation es otro de los pilares sobre los que el Ministerio apoya su relato de transformación digital. Las cifras vuelven a impresionar: miles de millones de euros movilizados y decenas de convocatorias abiertas. Sin embargo, cuando se pregunta al ecosistema tecnológico por resultados tangibles, la respuesta suele ser la misma: el dinero existe, pero no fluye donde debería ni cuando debería. El problema ya no es de dotación presupuestaria, es de arquitectura administrativa.
"La burocracia se ha convertido en un filtro que penaliza a quien innova rápido y premia a quien sabe navegar por los formularios"
Las empresas tecnológicas, especialmente scaleups y proyectos de I+D profunda, se enfrentan a procesos complejos, plazos poco realistas y requisitos pensados más para justificar el gasto que para maximizar su impacto. La burocracia se ha convertido en un filtro que penaliza a quien innova rápido y premia a quien sabe navegar por los formularios, que generalmente son grandes empresas y/o consultoras. En este contexto, muchas compañías han optado por no presentarse a convocatorias o por redimensionar proyectos para adaptarlos a la lógica administrativa, sacrificando ambición y alcance tecnológico.
El Kit Digital resume bien esta deriva. Nació como palanca para modernizar el tejido productivo y ha terminado, en demasiados casos, reducido a soluciones de bajo valor añadido que apenas transforman procesos o modelos de negocio. La digitalización se mide en expedientes cerrados, no en competitividad ganada.
Mientras tanto, proyectos estratégicos que podrían escalar tecnología, atraer talento y generar propiedad intelectual quedan atrapados en una gestión que confunde control con eficacia. Así, los fondos europeos corren el riesgo de convertirse en otra oportunidad parcialmente desaprovechada, no por falta de recursos, sino por una ejecución que avanza muy por detrás de las necesidades reales del sector. La pregunta es inevitable: más allá de inflar cifras de ejecución y sostener balances de grandes proveedores, ¿cuánto ha cambiado realmente la competitividad de esas pymes?
IA, regulación y parálisis
España quiso jugar a ser pionera en inteligencia artificial a través de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial. La idea era razonable: anticipar la regulación, ofrecer certidumbre y posicionar al país como referente europeo en gobernanza tecnológica. Sin embargo, con el paso de los meses, la sensación dominante en el sector es otra muy distinta. La agencia existe en el BOE, pero su impacto real en el ecosistema es limitado, su interlocución es difusa y su capacidad para marcar rumbo resulta, por ahora, más teórica que práctica.
A esta debilidad se suma un temor creciente entre empresas y desarrolladores: que España endurezca en solitario la aplicación de la regulación europea de IA, situándose en una posición menos competitiva que la de otros países del entorno. Esa incertidumbre tiene efectos inmediatos. Proyectos que se retrasan, inversiones que se replantean y decisiones estratégicas que se trasladan fuera. La IA no se paraliza por falta de talento ni de ideas, se frena, sobre todo, por la ausencia de claridad. Y la claridad regulatoria no llega cuando el liderazgo político se diluye entre discursos y silencios administrativos.
"Mientras el Ministerio reivindica ambición y liderazgo en IA, el sector percibe parálisis y cautela excesiva"
El resultado es un escenario contradictorio. Mientras el Ministerio reivindica ambición y liderazgo en IA, el sector percibe parálisis y cautela excesiva. Regular resulta imprescindible, pero gobernar la transición tecnológica exige algo más que marcos normativos. Exige diálogo continuo con la industria, rapidez en la toma de decisiones y una visión que entienda que la competitividad también se pierde por exceso de prudencia. Hoy, España corre el riesgo de llegar tarde a la carrera de la IA por un motivo poco épico: quedarse atrapada entre la ambición declarativa y la inacción operativa, y todo, a pesar de que cuenta con grandes actores como Freepik, Clarity AI o Typeform, entre otras.
Campaña permanente, ministerio intermitente
Todo este panorama no se explica solo por fallos técnicos o por una administración lenta. Se explica también por unas prioridades políticas mal alineadas. Desde que a principios de septiembre del 2024 Óscar López asumiera la cartera de Transformación Digital hemos podido ver a un ministro más preocupado por los titulares y la batalla política con el Partido Popular, que por su propia cartera. Ya sea en el batalla en Madrid con Isabel Díaz Ayuso o en las diferentes campañas electorales de Extremadura y la actual de Aragón, y que veremos previsiblemente en las próximas que serán en Castilla y León en marzo y Andalucía en verano.
"Un país que pretende liderar la transformación digital no debería tener un liderazgo intermitente ni supeditado a una gestión en segundo plano"
Un país que pretende liderar la transformación digital no debería tener un liderazgo intermitente ni supeditado a una gestión en segundo plano. Exige dedicación exclusiva, presencia constante en los foros donde se toman decisiones industriales y una interlocución diaria con el sector, y no tardar meses y meses en hablar con los principales actores con los que tienes millones de euros comprometidos. Cada semana absorbida por el calendario electoral es una semana perdida para cerrar inversiones, corregir desviaciones o convertir anuncios en resultados. En tecnología, ese tiempo no vuelve. Mientras otros países convierten presupuestos en fábricas, regulación en certidumbre y estrategia en competitividad, España acumula promesas que no terminan de aterrizar.
El resultado es incómodo pero evidente. La política digital española empieza a parecerse peligrosamente al vaporware: grandes anuncios, presentaciones cuidadas y un relato ambicioso que, cuando llega el momento de ejecutarse, se diluye o nunca termina de materializarse. ALIA, el PERTE Chip, la gestión de los fondos europeos o el liderazgo en IA no fracasan por la falta de palabras, fracasan por falta de foco. Y mientras la transformación digital siga subordinada al calendario electoral, el país seguirá instalando proyectos que suenan bien, pero no arrancan.
España no necesita más eslóganes ni más discursos bien construidos. Necesita resultados. Todo lo demás, por muy institucional que se presente, es vaporware ministerial.