Un fallo informático en el sistema Adexttra, la base de datos de extranjería utilizada por la Policía Nacional, mantiene paralizados miles de expedientes de residencia, trabajo y arraigo en España.
La incidencia afecta al mecanismo automatizado que cruza antecedentes policiales, un requisito imprescindible para conceder autorizaciones administrativas. Según estimaciones de fuentes conocedoras del problema, el bloqueo podría afectar ya a unos 150.000 expedientes.
El Ministerio del Interior ha confirmado que la plataforma sufre una “incidencia grave” que impide su manejo con normalidad. Asimismo, atribuye parte del colapso al incremento “muy considerable” de solicitudes de nacionalidad española, procesos que también requieren verificación de antecedentes. Sin embargo, expertos consultados señalan que la avería comenzó en diciembre y continúa activa.
Un sistema clave fuera de servicio
Cuando un ciudadano extranjero solicita un permiso de residencia o trabajo ante la subdelegación del Gobierno correspondiente, el sistema Acex remite automáticamente una consulta a Adexttra para verificar si el solicitante cuenta con antecedentes policiales. Este filtrado automático cubre aproximadamente el 80% de los casos.
El problema radica en que ese descarte masivo dejó de funcionar el pasado 10 de diciembre
El problema radica en que ese descarte masivo dejó de funcionar el pasado 10 de diciembre, según fuentes policiales. Desde entonces, cada expediente exige una comprobación manual en múltiples bases de datos policiales y autonómicas. Este procedimiento multiplica los tiempos de tramitación y la carga de trabajo de las unidades especializadas en extranjería.
El Sindicato Unificado de Policía (SUP) denuncia que los agentes han tenido que doblar turnos durante semanas para asumir el volumen de consultas. Antes de la caída del sistema, determinadas provincias gestionaban entre 100 y 200 verificaciones diarias. Ahora afrontan entre 1.000 y 2.000 revisiones manuales cada día. En Barcelona, la acumulación de expedientes pendientes ronda los 30.000, pese a que se han resuelto más de 10.000 casos urgentes mediante refuerzos extraordinarios.
La legislación de extranjería establece un plazo máximo de tres meses para resolver solicitudes de residencia. Si transcurre ese periodo sin respuesta, la petición puede considerarse desestimada por silencio administrativo, salvo en determinados supuestos de renovación o larga duración, donde el silencio se interpreta como concesión.
“Cuando una herramienta automatizada falla, el volumen de trabajo se multiplica, y sin refuerzos adecuados el sistema se ralentiza inevitablemente”
La verificación manual no reduce garantías jurídicas, pero exige más recursos humanos y tiempo. “Cuando una herramienta automatizada falla, el volumen de trabajo se multiplica, y sin refuerzos adecuados el sistema se ralentiza inevitablemente”, advierte el SUP.
El escenario adquiere mayor relevancia tras el anuncio del Ejecutivo de impulsar una regularización extraordinaria que podría beneficiar a unas 500.000 personas a partir de abril. Un aumento masivo de solicitudes con el sistema automatizado inoperativo podría tensionar aún más las unidades policiales, especialmente en grandes provincias como Madrid y Barcelona.
Infraestructura tecnológica y posibles causas
Adexttra opera desde instalaciones del Centro Tecnológico de Seguridad (CETSE), en El Pardo, donde el Ministerio del Interior concentra infraestructuras críticas. Técnicos especializados trabajan desde hace días en la resolución de la incidencia, con ello Interior prevé que el sistema vuelva a estar operativo esta semana, aunque otras fuentes dudan de que la normalidad pueda recuperarse de inmediato debido al volumen acumulado.
Fuentes policiales descartan cualquier sabotaje y apuntan a una posible sobrecarga del sistema como origen del fallo. El problema afecta al mecanismo de interoperabilidad que permite consultar de forma simultánea distintas bases de datos del Ministerio del Interior. Las bases individuales siguen operativas; el bloqueo se limita al filtro automatizado.
La situación repercute también en el funcionamiento del Registro General de la Policía y de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, cuya Secretaría General gestiona el flujo de solicitudes de información.
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