El operador portugués Meo, propiedad del grupo Altice, ha iniciado acciones legales contra el Gobierno de Portugal al considerar que la decisión de excluir equipos de Huawei de las redes 5G ha provocado importantes perjuicios económicos y operativos.
En concreto, la compañía reclama una compensación de 82 millones de euros y sostiene que la decisión obligó a modificar parte de la planificación tecnológica y la infraestructura desplegada para sus servicios móviles de nueva generación.
Según avanza la prensa local, la documentación se presentó ante el Tribunal Administrativo de Lisboa el pasado 24 de abril y dirige la reclamación contra la Fiscalía y el Centro Jurídico del Estado portugués. Meo argumenta que las restricciones aplicadas a Huawei obligaron a introducir cambios relevantes en la arquitectura de sus redes 5G, lo que generó costes imprevistos y desafíos operativos. La compañía considera que la decisión afectó directamente al desarrollo de sus infraestructuras tecnológicas y alteró planes de despliegue ya definidos.
La disputa se remonta a mayo de 2023, cuando el Consejo Superior de Ciberseguridad portugués decidió limitar la participación de fabricantes chinos en las redes móviles 5G por supuestos motivos relacionados con seguridad nacional. Posteriormente, el siguiente Ejecutivo mantuvo esa misma posición.
La decisión también ha afectado a otros operadores del mercado portugués y llevó a los grandes operadores del sector (Meo, NOS y Vodafone) a excluir tecnología de Huawei de los núcleos principales de sus redes móviles de quinta generación.
Europa endurece su postura frente a proveedores de riesgo
El caso portugués se produce además en un momento de creciente presión regulatoria dentro de la Unión Europea. Desde hace años, Bruselas impulsa medidas destinadas a limitar la presencia de proveedores considerados de “alto riesgo” en infraestructuras críticas de telecomunicaciones
Hasta ahora, gran parte de las recomendaciones europeas se apoyaban en el denominado conjunto de herramientas de seguridad para redes 5G aprobado en 2020. Sin embargo, su aplicación dependía de cada Estado miembro y no existían obligaciones uniformes. La situación ahora comienza a cambiar con la revisión de la Ley de Ciberseguridad presentada este año por la Comisión Europea que introduce medidas más estrictas que podrían obligar a operadores a retirar tecnología de determinados proveedores en un plazo máximo de tres años desde la entrada en vigor de la normativa.
Además de Portugal, países como Reino Unido, Suecia, Dinamarca, Estonia, Letonia y Lituania ya han aplicado restricciones similares respecto a Huawei en sus infraestructuras móviles.
Mientras tanto, Huawei y el Gobierno chino han rechazado de forma reiterada las acusaciones relacionadas con posibles riesgos de seguridad asociados a sus tecnologías.
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