Los empleados de la Administración federal de Estados Unidos podrán volver a utilizar TikTok en sus dispositivos oficiales después de casi cuatro años de prohibición.
El Departamento de Justicia (DOJ) ha concluido que la nueva estructura de propiedad y control de la plataforma elimina los riesgos de seguridad nacional que motivaron el veto aprobado en 2022, una decisión que podría reabrir el debate internacional sobre el tratamiento regulatorio de las aplicaciones controladas por empresas extranjeras. La medida supone un cambio relevante en la política tecnológica estadounidense hacia TikTok, cuya actividad había estado sometida a una intensa presión regulatoria por el acceso potencial del Gobierno chino a los datos de los usuarios estadounidenses.
La decisión llega después de que ByteDance transfiriera el control de los datos y de las operaciones de TikTok en Estados Unidos a TikTok U.S. Data Security (TikTok USDS), una empresa conjunta con mayoría de capital estadounidense en una operación que se completó en enero de este año.
Según el acuerdo de desinversión, los inversores estadounidenses e internacionales controlan ahora el 80,1% de la nueva sociedad, mientras que ByteDance conserva una participación minoritaria del 19,9%. Para el Departamento de Justicia, este reparto elimina los riesgos que justificaban la prohibición anterior. En su dictamen jurídico, dirigido al viceconsejero jurídico del presidente Donald Trump, el organismo concluye que la versión estadounidense de TikTok "no plantea ese riesgo".
Asimismo, el documento señala que las agencias del Ejecutivo ya pueden permitir la descarga de la aplicación en los dispositivos oficiales, siempre que respeten sus políticas internas de seguridad y uso de los equipos.
El origen de la prohibición
El veto a TikTok en dispositivos gubernamentales se aprobó en 2022 por supuestos motivos de seguridad nacional. Posteriormente, el Congreso endureció la presión sobre la plataforma mediante una ley aprobada en 2024 con amplio respaldo de demócratas y republicanos, que obligaba a ByteDance a vender el control de las operaciones estadounidenses o enfrentarse a la retirada de TikTok de las tiendas de aplicaciones y de los servicios de alojamiento en internet.
La norma fue firmada por el entonces presidente Joe Biden y dio lugar a una larga batalla judicial. TikTok defendió que la ley vulneraba la libertad de expresión de millones de usuarios. Sin embargo, el Tribunal Supremo de Estados Unidos avaló en enero de 2025 la constitucionalidad de la medida al considerar justificadas las preocupaciones sobre seguridad nacional derivadas de la recopilación de datos y de la relación de la plataforma con una empresa extranjera.
Aunque la legislación debía entrar en vigor ese mismo mes, Donald Trump decidió retrasar en varias ocasiones su aplicación para facilitar la entrada de nuevos inversores en la compañía. La reorganización accionarial ha contado con la participación de inversores como Oracle, Silver Lake y el fondo emiratí MGX. Además, TikTok USDS ha asegurado que los datos de los usuarios estadounidenses permanecerán alojados en la infraestructura segura de Oracle y que el algoritmo de recomendación se volverá a entrenar utilizando exclusivamente información generada en Estados Unidos.
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