Según explica el departamento que lidera Alberto Garzón, “no pueden ser un coste para los consumidores y un negocio para unas pocas empresas”. Se trata de una medida de “justicia social” que permitirá poner fin “a un abuso generalizado y agravado en el contexto del Covid por las restricciones de aforo, movilidad y presencialidad”.
Esta normativa busca prohibir cualquier número de tarificación adicional en los servicios de atención al cliente, entre los que se encuentran los 902.
Sin embargo, para llevar a cabo esta prohibición, el Gobierno tiene que modificar el artículo 2º de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios “para precisar este punto, de acuerdo con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea” y evitar de esta forma que las compañías puedan aplicar precios que excedan el precio de una llamada a una línea telefónica geográfica.
El proceso para hacerlo requiere que se abra una consulta pública a la ciudadanía y un trabajo con las asociaciones de consumidores y sociedad civil. Actualmente, la normativa obliga a que las empresas dispongan de un número que no tenga coste superior al de la tarifa básica para los servicios de atención telefónica.
"Los consumidores dispondrán siempre de un número geográfico de tarifa básica para sus relaciones con las empresas"
"Los consumidores dispondrán siempre de un número geográfico de tarifa básica para sus relaciones con las empresas", asegura el ministerio, con lo que se busca poner fin a “abusos y sobrecostes en las facturas mensuales, de los que se beneficiarán toda la población, especialmente, aquella con menos recursos”, apuntan.
El equipo de Garzón insiste en que el acceso a una atención “eficaz, transparente y de calidad y una información completa, veraz y accesible”, en los servicios de atención al cliente “no puede estar condicionada por los recursos económicos del consumidor”.
Si (
No(
