Aquel año, Telefónica se convirtió en el operador obligado a prestar el servicio universal de telecomunicaciones que incluía conectividad a 1Mb/s en zonas no rentables, prestaciones a usuarios con discapacidad, como las facturas en braille; y el abono social de la tarifa de telecomunicaciones.
A pesar de que en 2019 el servicio de las cabinas telefónicas todavía formaba parte del servicio universal, Telefónica recurrió su designación como prestador de este servicio y el Tribunal Supremo anuló su designación para el ejercicio 2019, por lo que el coste de las cabinas no se incluye en el expediente.
De este modo, si dejamos a un lado el coste de las cabinas, el servicio universal pasó de 9,96 millones de euros en 2018 a 6,89 millones de euros en 2019, lo que supone una reducción de 3,05 millones.
Este coste lo tendrán que asumir todos los operadores de telecomunicaciones que tengan ingresos anuales por encima de los 100 millones de euros, para lo cual la CNMC debe elaborar un nuevo expediente en el que fije qué cantidad debe aportar cada operador en función de las obligaciones que señala la Ley General de Telecomunicaciones.
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